Unidas Podemos ha suscrito junto a Más País, Junts per Catalunya, la CUP, EH-Bildu, Compromís, BNG y Coalición Canaria, un manifiesto que exige la aprobación cuanto antes de un decreto para suspender cortes de suministros de población vulnerable. Además, quieren que el impago de facturas se asuma en un fondo de compensación financiado al cien por cien por las propias compañías energéticas.
La firma del documento, elaborado por varios colectivos sociales, se produce en plena negociación en el seno del Gobierno en coalición para recuperar la prohibición que se aplicó durante el primer estado de alarma y eleva la presión hacia el PSOE para lanzar una iniciativa que abarque todos los suministros energéticos, es decir, electricidad, gas y agua.
Los portavoces de estas formaciones se han reunido en el Congreso con Ecologistas en Acción, Aliança contra la Pobresa Energètica, Coordinadora de Vivienda Madrid, Aigua és Vida, Enginyeria Sense Fronteres, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y Red Agua Pública para abordar este asunto y suscribir el texto.
En el manifiesto, al que ha tenido acceso Eurpa Press, reclama la implementación de un real decreto-ley que «vuelva a proteger a las miles de familias que «a día de hoy pueden sufrir un corte de agua, electricidad o gas.
Para ello, demandan que el Ministerio para la Transición Ecológica, encabezado por Teresa Ribera, impulse «cuanto antes» una herramienta que «obligue» a las compañías suministradoras a consultar con los servicios sociales competentes la situación de vulnerabilidad ante avisos de cortes, a fin de garantizar que se mantendrá el suministro.
A su vez, los colectivos y partidos que apoyan el manifiesto quieren que las facturas impagadas que deriven de la aplicación de este mecanismo se sufragarán, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, por un sistema de financiación participado al cien por cien por las propias compañías energética.
También solicitan un periodo de carencia que evite cualquier interrupción de suministro hasta la puesta en marcha del citado decreto. «Se trata de una medida excepcional y urgente si se quiere garantizar el acceso a energía y agua en invierno y en plena pandemia», razona el documento.
Pero además quieren que se redefina la figura del consumidor vulnerable, que abarque los suministros de agua y gas natural junto al de la electricidad, y que pueda «ampliar» los actuales requisitos de acceso por lo que al nivel de renta se refiere, pues ahora «no se ajustan a la realidad social de la ciudadanía española y excluyen a una gran cantidad de familias de la protección frente al corte».
«No se trata de una mera cuestión de justicia social y de cumplimiento de las obligaciones del Estado de respetar, proteger y dar cumplimiento a los Derechos Humanos. También se trata del deber ineludible del mismo Estado de velar por el bienestar de los colectivos más vulnerabilizados de nuestra sociedad, que son precisamente los que están sufriendo de forma más aguda de la actual crisis», ahondan.
Tensión en la coalición
Precisamente esta semana, Unidas Podemos reprochó a la vicepresidenta Teresa Rivera su posición en el tema de los cortes de suministro, y la responsable de Transición Ecológica se mostró ayer «sorprendida» por esas críticas, que tacha de «extrañas».
Hoy la secretaria de Estado para Agenda 2030, Ione Belarra, señalaba en una entrevista a Europa Press que espera lograr un acuerdo de cara a llevar la prohibición al Consejo de Ministros del próximo martes, pese a que aún no disponía de la propuesta elaborada por el departamento que lidera Ribera. En todo caso, ha enfatizado que la medida deberá recoger la suspensión de cortes de suministros en todas las modalidades: agua, luz y gas.
