Bruselas presenta una nueva estrategia para la seguridad cibernética

Bruselas presenta una nueva estrategia para la seguridad cibernética

La propuesta prevé movilizar 4.500 millones de euros en los próximos siete años entre inversión pública y privada

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell

Una de las grandes obsesiones del actual Ejecutivo Comunitario es la seguridad cibernética. Los ataques sufridos en algunas instituciones, la exaltación de propuestas contrarias al sistema democrático a través de las redes sociales o incluso las amenazas en centros hospitalarios en el momento crítico de la pandemia han provocado la reacción de las autoridades de Bruselas. El Alto Representante de Asuntos Exteriores y de la Política de Seguridad, el socialista español Josep Borrell, adelantó hoy en Bruselas las propuestas para hacer frente al problema. Quiere que al utilizar los dispositivos conectados, la red eléctrica, la banca o el transporte aéreo, o al visitar las administraciones públicas u hospitales, los europeos tengan la confianza de que están protegidos contra las ciberamenazas.

Para ello pondrá en marcha dos directivas, una para garantizar un nivel común de ciberseguridad entre todos los países y otra sobre la resistencia de las entidades críticas. Durante los últimos meses los responsables técnicos de Bruselas han advertido de ataques constantes, preferentemente de china y Rusia, aunque normalmente evitan citar a los países. Esto incluye también el espionaje. Por esa razón se ha puesto especial acento en la protección de los valores europeos vinculados a estas medidas. En Bruselas están persuadidos de la influencia de agente extranjeros por medio de las redes sociales en procesos como el del Brexit por ejemplo. Y por eso van a realizar un esfuerzo suplementario en este terreno.

En ese sentido Borrell dijo hoy que «la seguridad y la estabilidad internacionales dependen más que nunca de un ciberespacio global, abierto, estable y seguro en el que se respeten el Estado de Derecho, los derechos humanos, las libertades y la democracia”.

Así que sectores públicos y privados críticos: los hospitales, las redes de energía, los ferrocarriles, los centros de datos, las administraciones públicas, los laboratorios de investigación y la fabricación de medicamentos y productos sanitarios, así como otras infraestructuras y servicios, deben permanecer protegidos frente a un entorno cada vez más cambiante y de amenazas más complejas. Para ello se pretende disponer de una red de Centros de Operaciones Digitales basados en la inteligencia artificial. Eso incluirá un apoyo específico para las pequeñas y medianas empresas y una ofensiva para retener el talento de la mano de obra especializada. Otro de los aspectos de la propuesta consistirá en mejorar la colaboración internacional.

Para lograr estos objetivos la UE prevé movilizar 4500 millones de euros en los próximos siete años entre Bruselas, los estados miembros y las industrias del sector en especial a través del Centro de Competencias en Ciberseguridad y la red de Centros de Coordinación. Crear un escudo protector que evite los ataques externos.

La directiva sobre entidades críticas ampliará el número de sectores críticos a proteger que hasta ahora eran energía y transporte y pasarán a incluir la banca, las infraestructuras de los mercados financieros, la sanidad, el agua potable, las aguas residuales, las infraestructuras digitales, la administración pública y el espacio.

La propuesta incluye recomendaciones sobre el despliegue de la red 5G para evitar riesgos con algunos de los proveedores. Es bien sabido que estados Unidos y el Reino Unido, por ejemplo, han puesto dificultades a que el despliegue de esas redes se practique por parte de la empresa china Huawei. En ese sentido la UE considera que los países europeos han seguido las recomendaciones de Bruselas en ese terreno.

Ahora, corresponde al Parlamento Europeo y al Consejo examinar y adoptar las propuestas de Directivas. Cuando se hayan acordado y adoptado en consecuencia, los Estados miembros dispondrán de un plazo de 18 meses a partir de su entrada en vigor para incorporarlas a su ordenamiento jurídico.

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