‘Vuelve, a casa vuelve…’. Esta frase traerá a la mente de algunos el recuerdo de un famoso anuncio de turrón que ha estado presente navidad tras navidad. Y es que, cuando llegan estas fiestas tan señaladas muchos emigrantes regresan a España para pasar los días festivos con la familia. Sin embargo, lo que hasta ahora era una costumbre puede truncarse por la crisis del Covid-19. Las exigencias del Gobierno para entrar en el país, como tener una PCR negativa, se convertirá en un “cierre de fronteras encubierto”.
Así lo denuncia la Marea Granate, colectivo integrado por emigrantes españoles, que rechaza frontalmente esta medida al provocar que el “retorno navideño” de muchos de ellos sea “un artículo de lujo accesible solo a quienes puedan permitírselo”. En muchos de los países “de acogida” esta prueba PCR se realiza en “casos muy concretos bajo prescripción médica”, mientras que otros traen consigo “costes inasumibles para una mayoría”.
Según destaca el colectivo, en Irlanda, por ejemplo, un test por cuenta propia cuesta entre 150 y 200 euros, mientras que en Dinamarca aumenta hasta los 350. Y esto, sin tener en cuenta los retrasos en los resultados y el “previsible colapso” de los laboratorios si esta iniciativa “se extiende a nivel europeo”, lo que haría “imposible” el desplazamiento para gran parte de la emigración.
Ante esto, la Marea Granate exige al Gobierno de coalición que facilite el acceso a las PCR haciendo que sean gratuitas para aquellas personas que, “por motivos logísticos o económicos”, no la pueden hacer en su país de residencia. “Los emigrantes no somos turistas”, recuerdan, antes de poner de manifiesto la sensación de “abandono y ninguneo” que sienten por parte de las instituciones españolas.
La entrada en vigor el 23 de noviembre de esta medida, que contempla sanciones de hasta 6.000 euros, es un “jarro de agua fría” para unos emigrantes que, según lamentan, ve cómo se les exigen “requisitos sin la más mínima reflexión sobre su viabilidad ni sus costes, sin dar ninguna facilidad alternativa y bajo amenaza de una multa desorbitada”.
“Nos encontramos, pues, ante un cierre de fronteras encubierto que segregará económicamente a quienes puedan acceder al país”, censura este colectivo, que pronostica que solo aquellos “más pudientes” podrán asumir la ‘factura’ de las pruebas Covid.
Tal y como incide, hay 2,5 millones de españoles residiendo en el exterior a los que hay que garantizar el acceso a las pruebas, así como su gratuidad. Y hacerlo “sin penalización ni multa ninguna”. “No somos turistas, somos emigrantes”, remarca la Marea, que sostiene que muchos de ellos han seguido las recomendaciones dadas ante la pandemia, cancelado viajes o retrasado vacaciones.
Además, destacan que no están fuera de España por gusto. “Muchos de nosotros somos parte de esos trabajadores esenciales que tanta falta hacen ahora en nuestro país, expulsados por años de recortes y maltrato de nuestras condiciones laborales”.
