Rechazo absoluto de la Mesa de la Profesión Enfermera a la realización de pruebas de detección del Covid-19 en las oficinas privadas de farmacias españolas, tal y como defienden varias Comunidades. Según esta institución, de autorizarse, algo que está estudiando el Ministerio de Sanidad, “propiciaría la aparición y propagación de nuevos posibles focos de contagio” entre la ciudadanía. Así se lo transmiten en una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. También dejan claro que la apuesta de Madrid por esta fórmula para aumentar estos test esconde un interés político.
La Mesa, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería, SATSE, sostiene que la petición del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para que se puedan realizar este tipo de pruebas en las farmacias “no responde realmente a cuestiones de interés sanitario o de salud pública”. En su opinión, “está rodeada de importantes connotaciones políticas y de interrelación con los empresarios farmacéuticos”.
Para este colectivo “no tiene ningún sentido” que el Ejecutivo regional haya solicitado a la UE “que se impulse” la realización de estas pruebas diagnósticas en las oficinas privadas de farmacia “cuando la incidencia de la pandemia en la autonomía ha mejorado en los últimos días” sin que haya sido necesario realizar estos test en estos espacios que ahora se plantean.
“Sin querer entrar en cuestiones políticas”, la Mesa de la Profesión Enfermera admite que “le llama la atención que la actual comisaria de Salud de la UE, Stella Kyriakides, forme parte del Partido Popular Europeo, como la presidenta madrileña”. Asimismo, también pone de manifiesto que “da la impresión que, desde el punto de vista político, la balanza se pudiera estar inclinando a favor de la regidora de Madrid asesorada por su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, y no hacia el Gobierno de Pedro Sánchez, y su jefe de Gabinete, Iván Redondo”.
Más allá de esto, esta institución detalla que en su misiva a Ursula von der Leyen, a la que también escribió Ayuso, pero en sentido contrario, reitera “su gran preocupación ante la posibilidad de que se autorice esta práctica asistencial en establecimientos comerciales, como son las oficinas privadas de farmacia”. También recuerda a la presidenta de la CE que en España hay “una red 100% pública para la asistencia sanitaria en el ámbito de la Atención Primaria”, que es la que se ocupa de “todas las actuaciones” en materia de prevención, seguimiento de pacientes crónicos o cobertura vacunal. Frente a esto, incide la enfermería, “el régimen de las oficinas en farmacia no está regulado como en la gran mayoría de los países europeos”. “En ningún caso”, destaca, “puede llevar a cabo labores asistenciales/clínicas con los pacientes o ciudadanos en general”.
Los farmacéuticos en España no cuentan con formación “que les habilite para realizar las técnicas de recogida de muestras de las pruebas de detección de Covid-19” y sus “funciones”, afirma la Mesa, “se limitan primordialmente a la producción, conservación y dispensación de medicamentos” sin poder realizar ningún tipo de intervención “ni mucho menos pruebas diagnósticas”.
