El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético que incluye un suplemento de crédito extraordinario de 6.000 millones de euros para “equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado de la Covid-19”.
Según recuerda el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el pasado mes de mayo el Ejecutivo ya acordó otro crédito por un importe de 14.002,59 millones de euros, “que ahora tiene una ampliación con el objetivo de atender las medidas excepcionales puestas en marcha” por la pandemia.
El Ministerio de Inclusión recuerda en una nota que “en los últimos meses se han desarrollado diversas medidas de protección de rentas por la pandemia que han tenido impacto sobre los ingresos y los gastos del sistema, mientras se continuaban atendiendo a las prestaciones habituales, como las pensiones o la prestación por nacimiento de hijo”. Dicho esto, destaca “medidas de protección de rentas por la pandemia”, como relativas a las prestaciones para autónomos o las exoneraciones de las cotizaciones sociales en los ERTE para aquellos sectores más golpeados por la crisis.
En el Proyecto de Ley de Presupuestos de Generales del Estado para 2021, continúa el Ministerio, “se incluye como novedad una transferencia de 13.929 millones para dar cumplimiento a la recomendación primera del Pacto de Toledo”. De esta manera se “da un nuevo paso para que las políticas no contributivas que realiza el sistema de la Seguridad Social las financie la Administración Central y para dar certidumbre sobre nuestro sistema de pensiones”.
A esto hay que añadir, ha anunciado la portavoz del Gobierno y titular de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, un crédito extraordinario de 2.300 millones para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El objetivo es que, con este dinero, pueda hacer frente al aumento del gasto en prestaciones derivado de los ERTE, así como de otras ayudas.
La propia María Jesús Montero ha aclarado que “no son préstamos ni créditos, son transferencias” que se realizarán tanto a Seguridad Social como al SEPE, “que van en la línea de cumplir con las recomendaciones del Pacto de Toledo al objeto de no incrementar, sino de ir progresivamente reduciendo, ese déficit histórico”. También, ha continuado, para “trasladar una plena garantía de que el sistema de pensiones es sostenible, no solamente en el medio, sino en el largo plazo”.
Las cantidades, ha remarcado la ministra, “están en línea” con la previsión comunicada a la Comisión Europea y, a la espera de datos del tercer trimestre, “las aproximaciones que se habían hecho por parte del Gobierno están respondiendo de forma bastante fiel a la realidad que estamos transfiriendo”.
