El parlamento griego ha aprobado una nueva legislación que supondrá una amnistía fiscal para miles de presuntos infractores, que ha despertado las críticas de oposición, abogados y fiscales y que establecería un precedente preocupante para un país que ha luchado por reprimir la evasión fiscal.
En concreto y según informa Financial Times, los críticos aseguran que la ley recompensa a los evasores fiscales de alto perfil, frena la independencia de los fiscales públicos y manchará la reputación de Grecia en un momento en el que intenta atraer nuevas inversiones del extranjero para ayudar a reconstruir la economía.
Esta nueva legislación supone la congelación de las investigaciones penales a más de 5.000 presuntos evasores de impuestos con deudas al Estado griego por un valor superior a 150.000 euros cada uno. Cientos de enjuiciamientos penales sólo podrán seguir adelante después de que concluyan todos los procedimientos de las autoridades de liquidación de impuestos y los tribunales administrativos.
Pero es probable que sólo unos pocos casos lleguen a la etapa de enjuiciamiento porque el prolongado proceso administrativo hará que la mayoría se tope con el plazo de prescripción de cinco años de Grecia para delitos fiscales.
“Al posponer la aplicación de las leyes fiscales, la nueva legislación alienta, en lugar de desalentar, la corrupción y la evasión fiscal y debilita el cumplimiento del estado de derecho”, asegura Emilios Avgouleas, profesor de derecho financiero de la Universidad de Edimburgo, al diario británico. En otros estados miembros de la UE, las investigaciones penales y administrativas de la evasión fiscal pueden correr en paralelo, añade.
El ministro de Justicia, Kostas Tsiaras, argumentó el pasado jueves que la legislación para cambiar el código tributario de Grecia aceleraría los procedimientos legales, reduciendo así la acumulación de casos y haciendo más eficiente el sistema judicial. También aumentaría los ingresos del Estado, dijo. “Tengo una opinión oficial del Consejo de Estado [el más alto órgano legal de Grecia] de que no hay absolutamente ningún problema con esta ley”, aseguró al Parlamento.
Durante el acalorado debate parlamentario, Angeliki Adamopoulou, diputado del partido Mera25 del ex ministro de finanzas de izquierda Yanis Varoufakis, acusó al gobierno de socavar la independencia del sistema judicial. “Este proyecto de ley es un paso atrás en la cultura jurídica de Grecia y apunta claramente a la intervención del ejecutivo en el poder judicial”, dijo.
Cambios legislativos que favorecen a los infractores
No es la primera vez que el gobierno de centro-derecha de Kyriakos Mitsotakis, primer ministro educado en Estados Unidos, ha causado controversia con legislaciones que han sido criticadas por favorecer aparentemente a los presuntos infractores.
“Las leyes recientes aplicadas por el Gobierno, no sólo ésta sobre la evasión fiscal, sino también las enmiendas del código penal y la legislación contra el blanqueo de dinero, pueden interpretarse como destinadas a proteger a grupos específicos acusados de graves delitos financieros”, dijo Nikolaos Farantouris, profesor de derecho de la Universidad del Pireo a FT.
El Parlamento aprobó este año un cambio en el código penal que permitía a los banqueros acusados de abuso criminal de confianza escapar de la acusación, a menos que el banco involucrado solicitara específicamente una investigación por parte de un fiscal.
Anna Zairi, directora de la agencia griega contra el blanqueo de dinero, advirtió en su momento de que “muchos delitos graves quedarían impunes a causa de esta medida”.
Así, se retiraron los cargos contra más de 250 banqueros griegos, ya que ninguno de los bancos hizo esa solicitud. El Gobierno dijo que estaba cumpliendo un compromiso con los acreedores de Grecia para proteger a los banqueros de la responsabilidad penal por la reestructuración de los créditos morosos.
Otra enmienda al código penal aprobada hace un año establece que los presuntos blanqueadores de dinero pueden recuperar los activos congelados por el tribunal si no son llevados a juicio en un plazo de 18 meses. Unas 900 personas pudieron recuperar los bienes, las acciones y el contenido de las cuentas bancarias que habían sido confiscadas.
