La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio del Interior por la inadecuada protección de la Guardia Civil en 2016 a una mujer que solicitó una orden de protección como víctima de violencia de género, y que fue asesinada un mes más tarde por su marido.
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima en su sentencia que la Benemérita es responsable dado que, en la valoración policial del riesgo de violencia contra la mujer, la mínima protección policial que se asignó resultó inadecuada, habida cuenta del asesinato de la denunciante por su marido un mes después de interponer la denuncia.
Los magistrados, recoge Europa Press, apuntan en su resolución que ante este tipo de casos la actuación de los agentes “no debería quedar limitada a aspectos formales de atención a la denunciante, asistencia, información de derechos y citación a juicio”, sino que debe haber una atención preferente de asistencia y protección de las mujeres “que han sido objeto de comportamientos violentos en el ámbito familiar, a los efectos de prevenir y evitar, en la medida de lo posible, las consecuencias del maltrato”.
Los hechos ocurrieron en 2016, cuando en la madrugada del 17 de septiembre la mujer solicitó una orden de protección frente a su marido en el puesto de la Guardia Civil de Sanlúcar La Mayor (Sevilla), donde se presentó aportando además un parte médico de urgencias de esa misma noche.
Esa orden fue denegada horas después por el juzgado de primera instancia número 2 de la localidad porque existían versiones contradictorias, porque el denunciado carecía de antecedentes y porque los agentes calificaron el riesgo para la mujer como ‘no apreciado’. El Ministerio Fiscal emitió también informe interesando la desestimación de la medida solicitada por la mujer.
La mujer fue asesinada un mes después por su marido con un arma blanca y el tribunal entiende ahora que debe estimarse una responsabilidad directa y objetiva del Estado “a quien corresponde dar respuesta eficaz en evitación de tal resultado, debiendo hacer frente a os daños ocasionados por el funcionamiento, incluso cuando fuera moral, del servicio público”.
Asimismo, continúa la mencionada agencia, la Sala incide en que la conciencia social e institucional sobre el problema de la violencia de género “exige una mayor sensibilización de la que mostró en este caso el puesto de la Guardia Civil” encargado del caso.
