El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde al anteproyecto de ley prevención y lucha contra el fraude fiscal, que parte de una transposición de la directiva europea y que supondrá una batería de nuevas medidas con las que se podrían recaudar hasta 800 millones más al año. Así lo ha estimado hoy la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que ha explicado que entre las medidas del nuevo texto se incluyen la ampliación de la lista de paraísos fiscales, la prohibición de las amnistías, un mayor control de las operaciones con criptomonedas o un ajuste del umbral de la lista de morosos.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Montero ha explicado que la lucha contra el fraude fiscal es “una prioridad”, y más aún en un momento de crisis como el actual en el que este fraude supone “restar recursos al estado de bienestar”. Solo el año pasado, la lucha contra el fraude supuso una recaudación de 15.715 millones de euros, ha explicado la ministra, que calcula que con la batería de medidas adicionales se podría incrementar solo en un año en 800 millones la recaudación.
Entre las medidas que incluye el nuevo anteproyecto de ley, destaca la prohibición del denominado “software de doble uso” que sirve para hacer “doble contabilidad”, ha señalado la ministra de Hacienda. Así, se obligará a que los sistemas informáticos “se ajusten a criterios que garantizan trazabilidad y accesibilidad” y se establecerá un régimen de sanción específico tanto para los fabricantes como para los que lo tengan en su poder.
También habrá un “mayor control de las criptomonedas”, con información detallada de saldos y operaciones que se realizan con monedas virtuales en España y fuera de España si afecta a contribuyentes españoles.
Se da una nueva vuelta de tuerca además en la limitación del pago en efectivo, que se reduce de 2.500 euros a 1.000 euros en operaciones entre profesionales y empresarios. Entre particulares se mantiene en 2.500 euros, si bien Montero ha apuntado que “el objetivo del Gobierno es ir disminuyendo estas cuantías de forma progresiva” para combatir la economía sumergida y mejorar la “trazabilidad” de las operaciones. En ese sentido, para particulares con domicilio fuera de España, se reduce de 15.000 a 10.000 euros.
Una de las particularidades que incluye el texto anunciado hoy es que se prohibirán por ley las amnistías fiscales. “Se acabó el perdonar a incumplidores y beneficiar a los evasores, creando agravios comparativos con millones de españoles que sí cumplen”, ha señalado la titular de Hacienda, que ha avisado de que a partir de ahora “el Estado no se va a rendir ni va a buscar atajos”. Preguntada sobre la posibilidad de publicar los nombres de los amnistiados durante la etapa de Cristóbal Montoro, Montero ha explicado que por razones legales no se puede realizar ya que incluía el anonimato entre sus cláusulas. “Ojalá pudiéramos publicar esta lista, no lo podemos hacer por condiciones jurídicas”.
Asimismo, se actualiza y amplía el concepto de “paraíso fiscal”, para incluir a países con baja o nula tributación como “jurisdicciones no cooperantes”, aquellos que no realizan un intercambio de información efectivo con España.
En otras medidas, también se amplía la lista de deudores tributarios. Hasta ahora el umbral para aparecer en esta lista de morosos era de un millón de euros, cifra que se rebajará hasta los 600.000 euros. Además se incorporará a los responsables solidarios, “que en muchos casos son los verdaderos causantes” de esta deuda.
Por último, se incluyen otras medidas de transparencia, que, entre otras cosas, permitirán que empresas que trasladen sus activos desde España a otro país tributen por las plusvalías que se generan o se mantengan latentes.
