El nuevo sindicato de Vox, Solidaridad, tiene un mensaje para las grandes multinacionales. La organización ha puesto en su diana a estas empresas, a las que exige que “no disminuyan el pago de impuesto en España utilizando ingeniería fiscal”. Así lo plantea dentro de sus 12 medidas para “defender a los trabajadores” españoles.
Dentro de su punto seis, el sindicato vinculado a esta formación política afirma que hay que derogar los tratados comerciales con países “donde se vulneren gravemente los derechos de los trabajadores y que producen con mano de obra esclava, provocando una competencia desleal para el tejido productivo de España”. Dicho esto, lanza el mencionado mensaje a las multinacionales.
Previamente, Solidaridad reclama la necesidad de “proteger y defender” a los trabajadores de España, liberándolos “de los sindicatos corruptos y de los explotadores”. Asimismo, aboga por subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para que “garantice el derecho a una vida digna” y que el Estado se haga cargo del 100% de las nóminas de “todos aquellos empleados y autónomos a los que el Gobierno impida desarrollar su trabajo” por la pandemia del Covid-19.
Otra de sus propuestas pasa por la “prioridad de los trabajadores ya residentes en España en el acceso a puestos de trabajo, limitando la inmigración a las necesidades reales del mercado laboral y a la capacidad de adaptación cultural del inmigrante”. A esto hay que añadir que se facilite la “repatriación de los inmigrantes que no encuentran empleo”.
“Apuesta decidida por la reindustrialización con el fin de la relocalización de empresas en el territorio nacional para fomentar el empleo estable y de calidad” y el “retorno de los trabajadores españoles y de su talento que tuvieron que emigrar por las condiciones precarias del mercado laboral”, son otras de sus medidas.
A ellas hay que sumar “ilegalizar la imposición lingüística de las autonomías que discriminan a los trabajadores españoles y dificultan su movilidad” y el fin de las subvenciones públicas a organizaciones patronales y sindicales. “Los impuestos de los trabajadores no deben pagar a sindicatos”, sostiene esta organización, que plantea que el Tribunal de Cuentas audite sus cuentas y dejen de cobrar de los ERE y ERTE.
Por último, se incluye la fiscalización y control de los liberados sindicales, obligándoles a incorporarse a sus puestos ante situaciones de emergencia social, y acabar con la inmigración ilegal “promovida por el Gobierno junto a determinadas ONG y a los poderosos que son cómplices y favorecen la inseguridad, la economía sumergida y el empleo precario, utilizando al inmigrante como mano de obra esclava”. Asimismo, reclama que se deben garantizar las condiciones necesarias para que los trabajadores pueden formar una familia, porque “tener hijos no puede ser un privilegio de los ricos”.
