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Demandan al Gobierno ante el Supremo por su “inacción” ante el cambio climático

Tribunal Supremo
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Tribunal Supremo (Foto: Jaime Pozas)

Greenpeace, Oxfam Intermón y Ecologistas en Acción impulsan el primer litigio climático contra el Ejecutivo de coalición.

martes 15 de septiembre de 2020, 12:10h

Las organizaciones Greenpeace, Oxfam Intermón y Ecologistas en Acción han interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo contra el Gobierno por su “inacción” ante el cambio climático. Con esta acción arranca el primer litigio climático contra el Ejecutivo español, en el que las organizaciones exigirán una reducción de emisiones del 55% en 2030 y el cero neto en 2040 y señalarán la responsabilidad del Estado en la desprotección de los derechos fundamentales a la salud y la vida de la ciudadanía, “que necesitan de un medio ambiente adecuado para poder disfrutarse plenamente”.

“Solo de esta manera, España podrá cumplir con sus compromisos internacionales en materia de mitigación del cambio climático, así como con los tratados internacionales de protección de derechos humanos de los que el país es signatario”, recuerdan estas organizaciones.

Según exponen, “en un contexto de crisis sanitaria y socioeconómica sin precedentes, prevenir los peores efectos del cambio climático es imperativo”, ya que “la vida y la salud de millones de personas en todo el mundo están en juego”. Tal y como defienden, “para evitar un cambio climático devastador sólo hay una vía” y esta pasa por “reducir drástica y rápidamente las emisiones de CO2”. Esto requiere “de decisiones políticas valientes, que introduzcan cambios ambiciosos de forma urgente”.

“Estamos en un momento clave para evitar una crisis mucho más virulenta que la que el mundo está experimentando con la Covid-19”, afirman.

Estas organizaciones admiten “los esfuerzos” del actual Gobierno de España por “mejorar las nefastas políticas climáticas de las últimas décadas, y los valoramos positivamente”. Sin embargo, consideran que “sus políticas son insuficientes para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos y para compensar la falta de acción de los gobiernos anteriores”. De ahí que den este paso para “pedir al poder judicial que obligue al Gobierno a aumentar su ambición climática, en cumplimiento de las obligaciones adquiridas a nivel internacional”.

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