El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha sugerido este lunes que su formación no apoyará la creación en el Congreso de una comisión de investigación sobre la ‘Operación Kitchen‘ pese a su «extraordinaria gravedad», ya que consideran que la Justicia es el ámbito donde se deben esclarecer estas presuntas ilegalidades.
En rueda de prensa, Buxadé ha recordado que la presunta trama del Gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas está ya en manos de los tribunales en una investigación que «lidera» la Fiscalía, y cree que este es el ámbito al que debe circunscribirse el asunto.
Sin embargo, ha apuntado que el grupo parlamentario será el que defina su postura una vez que llegue a la Junta de Portavoces la petición de PSOE y Unidas Podemos para crear la comisión de investigación en la que quieren que comparezcan, entre otros, el expresidente Mariano Rajoy o el actual líder del PP, Pablo Casado.
Buxadé ha reconocido su sorpresa por esta petición de los dos partidos que forman el Gobierno de coalición cuando hace tan solo una semana fueron los que se opusieron a la investigación parlamentaria de la financiación de Unidas Podemos.
Según ha subrayado, una de las funciones del Parlamento es la de controlar al Ejecutivo y Unidas Podemos es parte del actual Gobierno, por lo que los españoles «tienen derecho» a que se investiguen sus «conexiones con organizaciones delictivas y la presunta ilegalidad de la cúpula del partido neocomunista».
«DOCUMENTOS Y DEBATES QUE NO LLEVAN A NADA»
Además, el líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado que su formación pedirá también la creación de una comisión de investigación sobre la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus. Pese a su postura crítica con el Ejecutivo, Vox también ha dejado en el aire su apoyo a esta petición.
«No necesitamos comisiones de investigación parlamentarias para esconder el asunto en documentos y debates que no van a llevar a nada», ha apuntado Buxadé recordando que Vox ya ha denunciado al Gobierno ante los tribunales.
A su juicio, la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez «ha alcanzado puntos de responsabilidad criminal» y por tanto deberá comparecer ante los órganos judiciales.
