Accionistas minoritarios de Abengoa integrados en la plataforma Abengoashares han reclamado judicialmente y de forma cautelar la suspensión de los acuerdos de reestructuración aprobados por el consejo de administración el pasado 6 de agosto.
Piden la suspensión cautelar porque los daños serían «absolutamente irreparables» y «los efectos ya habrán sido plenamente desplegados dentro del tráfico jurídico», señala la demanda presentada por el despacho Navas & Cusí.
Piden además que se prohíba expresamente al consejo de administración seguir adelante con el plan de reestructuración, en concreto, que se inhiban de votar en la junta de Abenewco1 que debe de aprobar el plan de conversión anticipada de los bonos.
También reclaman que se realice una anotación preventiva en el Registro Mercantil de Sevilla «para asegurar la efectividad» de la suspensión cautelar, señala la demanda.
«O el proceso se paraliza ahora o los daños para los accionistas serán imposibles o de muy difícil reparación. Por eso pedimos que se suspenda cautelarmente mientras se analiza el fondo de nuestra demanda», señalan estos accionistas, los cuales se encuentran en contacto con el ICO, la SEPI y la Junta de Andalucía, y con proveedores también perjudicados.
En concreto, presentan esta medida cautelar «por contravenir el consejo lo aprobado en la Junta de 2019, forzando una conversión anticipada de bonos, sin presentar cuentas ni vender activos que eviten la liquidación de la matriz».
Estos accionistas denuncian que el acuerdo favorece en su totalidad a inversores y acreedores institucionales, expulsando a miles de ahorradores que perderán toda su inversión.
Abengoashares exige la presentación de las cuentas auditadas de 2019 y la celebración de Junta de Accionistas para decidir el futuro de la sociedad.
Recuerdan que el plazo legal para presentar cuentas auditadas expiró el pasado 31 de agosto y denuncian que en cambio, el 19 de mayo de 2020 se les anunció una valoración de Abenewco2 por parte de un experto independiente -cuya identidad y mandato permanece oculto por la sociedad- que resolvió el patrimonio negativo de Abengoa en 388 millones de euros.
«No conocemos ni la entidad del supuesto experto independiente ni la razón por la que el consejo le contrató ni los criterios utilizados para la valoración; lo que queremos es una valoración firmada y sellada por auditor en unas cuentas anuales sometidas a junta de accionistas», señalan estos accionistas.
