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Defensores de los Derechos Humanos siguen presos en cárceles afectadas por Covid-19

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"Han dejado a presos y presas de conciencia consumirse en condiciones atroces al mismo tiempo que publicitaban ampliamente los programas de excarcelación".

jueves 06 de agosto de 2020, 01:04h

Amnistía Internacional ha denunciado este jueves que Gobiernos a los que se alabó por dejar en libertad a personas presas en respuesta a los brotes de COVID-19 han excluido a los defensores y defensoras de los derechos humanos de las medidas y continúan practicando detenciones de activistas, periodistas y personas críticas.

En el informe 'Atreverse a defender los derechos humanos durante una pandemia', la organización critica la hipocresía de los gobiernos que, como en el caso de Egipto, India, Irán y Turquía, "han dejado a presos y presas de conciencia consumirse en condiciones atroces al mismo tiempo que publicitaban ampliamente los programas de excarcelación".

"La COVID-19 ha sido un castigo añadido para los defensores y defensoras de los derechos humanos que están injustamente encarcelados, y también se ha utilizado como pretexto para cometer nuevos actos de hostigamiento, persecución e incluso homicidio", ha afirmado Lisa Maracani, investigadora de Amnistía Internacional sobre defensores y defensoras de los derechos humanos.

Asimismo, ha señalado que "la exclusión de los defensores y defensoras de los derechos humanos de las medidas de libertad subraya el carácter político de su encarcelamiento".

"En Turquía, por ejemplo, periodistas, profesionales de la abogacía, activistas y opositores políticos detenidos en espera de juicio por cargos infundados continúan entre rejas pese a las medidas del gobierno, en virtud de las cuales más de 100.000 personas quedaron en libertad en abril. Es evidente que el gobierno turco le teme a la crítica aún más que a la pandemia", sostiene.

El informe documenta ataques perpetrados durante el periodo de la COVID-19 en 46 países, y muestra cómo la legislación sobre 'noticias falsas', las restricciones de la circulación, la menor protección policial y la mayor intolerancia a la crítica "han dado lugar a una nueva oleada de represión en todo el mundo contra quienes han denunciado irregularidades en el sector sanitario y quienes han señalado respuestas inadecuadas a la pandemia".

En concreto, ha identificado a 131 personas víctimas de hostigamiento, enjuiciamiento, homicidio o encarcelamiento bajo pretextos relacionados con la COVID-19. "Es probable que esta cifra represente sólo la punta del iceberg", ha avisado.

"En lugar de hacer sitio a los defensores y defensoras de los derechos humanos para que apoyen sus esfuerzos dirigidos a abordar la pandemia y a prepararse para una recuperación justa, los Estados están tomando medidas contraproducentes para silenciar a las personas consideradas opositoras", ha asegurado Lisa Maracani.

EXCLUSIÓN DE LAS MEDIDAS DE LIBERTAD

Amnistía ha recordado que el pasado 25 de marzo, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos instó a todos los Estados a poner en libertad "a todas las personas recluidas ilícitamente, entre ellas las presas y presos políticos y las que están detenidas por sus opiniones críticas y disidentes", en respuesta a la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, la ONG ha alertado de que varios países excluyeron a los defensores y defensoras de los derechos humanos. En India, por ejemplo, muchos estudiantes y activistas que habían participado en protestas pacíficas contra la Ley de Ciudadanía continúan detenidas.

Respecto a Egipto, ha indicado que el gobierno no puso en libertad a personas detenidas "únicamente por expresar su opinión, ni a miles de otros presos y presas preventivos, muchos de los cuales se enfrentan a cargos de "terrorismo" excesivamente imprecisos entre motivos de preocupación por el incumplimiento de las garantías procesales".

En relación con Turquía, las medidas de descongestión han excluido expresamente a las personas detenidas en espera de juicio y a las que se encuentran en prisión preventiva o han sido declaradas culpables en aplicación de la legislación antiterrorista turca, excesivamente general. Entre ellas hay activistas políticos y de derechos humanos, periodistas, personas del mundo académico y otras personas que se han pronunciado en contra del gobierno.

Sobre Irán, Amnistía asegura que las autoridades anunciaron haber puesto en libertad temporalmente a 85.000 personas presas, pero muchos defensores y defensoras de los derechos humanos continúan recluidos por cargos de motivación política "en condiciones atroces".

Entre ellos se encuentra Narges Mohammadi, defensora de los derechos humanos que, según la ONG, padece "graves problemas de salud preexistentes y presenta síntomas de enfermedad que parecen ser de COVID-19". Las autoridades continúan negando a Narges Mohammadi atención médica en prisión, y rechazan informarla de los resultados de una prueba de COVID-19 que se le realizó el 8 de julio.

"En otros países en que el hacinamiento en las prisiones ya es grave, los gobiernos han seguido deteniendo a defensores y defensoras de los DD.HH. por cargos falsos, agravando el problema y poniendo en peligro a más personas", ha insistido.

Según Amnistía, en Azerbaiyán, "el gobierno ha desatado una nueva oleada de detenciones y procesamientos judiciales contra decenas de activistas políticos, periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos, con frecuencia en respuesta a críticas con respecto a su gestión de la pandemia".

Entre las personas detenidas se encuentra el activista de oposición Tofig Yagublu, acusado falsamente de vandalismo, y el defensor de los derechos humanos Elchin Mammad, detenido por cargos de robo días después de haber publicado un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país.

Asimismo, se han denunciado nuevas detenciones en Túnez, Marruecos, Níger, Zimbabue y Angola, entre otros países. "Ahora que una gran parte de Europa ha superado el pico de COVID-19, es vital que la comunidad internacional no dé la espalda a las situaciones terribles que se viven en países en los que el número de infectados está aumentando", ha manifestado Lisa Maracani.

"BLANCO FÁCIL"

Por otro lado, Amnistía ha alertado de que las medidas de confinamiento que restringen la circulación "han puesto en peligro a muchos defensores y defensoras de los derechos humanos, convirtiéndolos en blanco fácil de quienes quieren silenciarlos". En Colombia y México, por ejemplo, se han reducido las medidas de protección policial.

En Honduras, el incidente reciente más grave es la posible desaparición forzada de cinco jóvenes, cuatro de los cuales son activistas de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Unos hombres vestidos con uniforme policial se los llevaron el 18 de julio de sus hogares y desde entonces no se les ha visto.

En este sentido, la organización de la sociedad civil INDEPAZ denunció 166 homicidios durante el primer semestre de 2020 en Colombia. Entre las víctimas se encuentra Carlota Isabel Salinas Pérez, activistas de los derechos de las mujeres a la que mataron a la puerta de su casa en marzo. Carlota era una lideresa comunitaria, y el día en que la mataron había estado colectando alimentos para familias necesitadas.

"Es esencial que los gobiernos brinden protección efectiva a las personas que defienden los derechos humanos y garanticen su seguridad frente a quienes intentan utilizar la pandemia para silenciarlas", ha zanjado Maracani.

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