“No han escuchado nada”. Una veintena de organizaciones sociales, sanitarias y sindicales, integradas en la alianza Más Sanidad, muestran su descontento por el dictamen en materia de Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la Reconstrucción aprobado en el Congreso. Y es que creen que las medidas incluidas se quedan cortas y no responden a los problemas estructurales evidenciados por la crisis del Covid-19. Los compromisos “son claramente insuficientes”, afirma este colectivo, que advierte, por ejemplo, sobre la falta de financiación o el blindaje frente a las privatizaciones.
“El eco de los aplausos en defensa de la Sanidad se extingue en el Congreso”. Así resume Médicos del Mundo, FADSP, UGT, CCOO, la Asociación de Enfermería Comunitaria y FACUA, entre otros, el texto aprobado en la Cámara tras más de dos meses de trabajo de la mencionada comisión. En su opinión, los grupos políticos no han estado a la altura. “Resulta llamativo que, ante la magnitud de la crisis que hemos experimentado, el Dictamen sobre Sanidad y Salud Pública -al contrario que el resto de conclusiones de la Comisión- carezca de un diagnóstico inicial sobre el que se sustenten las medidas propuestas. No se pueden dar soluciones sin identificar las causas del problema”, critican.
Para Más Sanidad esta comisión “ha fracasado a la hora de evaluar las políticas sanitarias de la última década, marcadas por la austeridad y el impulso de modelos privatizadores”. De ahí que el texto final que fijará la futura ‘hoja de ruta’ del Sistema Nacional de Salud esté marcado por la “ambigüedad y la falta de compromisos explícitos en materias clave para garantizar una sanidad pública y universal de calidad”.
En primer lugar, recriminan la falta de “compromisos claros” en materia de financiación y sostienen que vincular el aumento del presupuesto sanitario al PIB “es un error”. “Este criterio es inadecuado”, remarcan, “puesto que se expone a que en épocas de recesión suponga una importante disminución de la dotación presupuestaria”. Ante esto, abogan por un criterio basado en euros, por persona y año, “estableciendo como objetivo situarnos en el promedio de la UE a final de legislatura”, lo se traduciría en 1.000 euros más por persona/año respecto al gasto actual.
Asimismo, proponen que se asigne un porcentaje del presupuesto en salud a áreas “infradotadas”. Según concretan, un 25% del presupuesto público a Atención Primaria; un 2,5% a Salud Pública, y un 2% a investigación en salud. “Tres áreas que han resultado esenciales en la actual pandemia”, destacan. Precisamente, sobre la Atención Primaria este colectivo cree que se debería priorizar la contratación de personal y aumentar la creación de camas de media y larga estancia en centros de gestión pública.
También estas organizaciones consideran imprescindible “promover la coordinación de los servicios de salud pública con los servicios asistenciales”, así como “crear, potenciar y desarrollar un Observatorio del Sistema Nacional de Salud con especial énfasis en el análisis de desigualdades y el estudio de determinantes sociales”. Otra de sus críticas pasa por la ausencia de medidas sobre política farmacéutica, producción pública y propiedad intelectual en I+D en salud. Echan de menos un compromiso para poner en marcha la “necesaria reforma de los procesos de fijación de los precios de los medicamentos”, la contención en el aumento del gasto farmacéutico y que se impulse la producción pública de fármacos y tecnologías sanitarias “más allá de las terapias avanzadas”.
Gran parte de los recursos van al sector privado pese a ser “más ineficiente”
Respecto a la amenaza de las privatizaciones, esta alianza destaca que la pandemia ha evidenciado “la necesidad de aumentar los recursos de los centros sanitarios de gestión pública, dado que han sido estos los ámbitos asistenciales sobre los que ha pivotado la gestión clínica de la misma”. Según defienden estas organizaciones, “esta descapitalización del sector público no solo es consecuencia de los recortes presupuestarios de la última década, sino también de la apuesta por modelos privatizadores que derivan una importante parte de los escasos recursos hacia el sector privado”. “Modelos”, continúan, que “no solo se han demostrado más ineficientes que la gestión pública directa”, sino que “también profundizan en la inequidad, debilitando el derecho a la protección de la salud de todas las personas”.
Por ello, defienden que se garantice la finalización de las privatizaciones de centros y servicios sanitarios, y se establezcan sistemas que garanticen la evaluación de los procesos privatizadores. Asimismo, un “estricto control” del cumplimiento de los contratos y concesiones y una legislación que “favorezca la recuperación” de lo privatizado y un calendario para llevarla a cabo.
