El seguimiento de contactos del Covid-19 y el estudio de seroprevalencia de la Comunidad de Madrid, en manos de Telefónica e Indra. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso adjudicó por la vía de emergencia y sin publicidad un contrato al respecto a ambas multinacionales por más de 421.000 euros. La adjudicación se produjo a finales de mayo, pero hasta ahora no se ha hecho pública. Así lo recoge ahora el Portal de la Contratación Pública del Ejecutivo regional, que destaca que estas dos compañías ya se ocupan del servicio de mantenimiento y gestión integral del Centro de Atención Personalizada (CAP).
La UTE Indra BPO-Indra-Telefónica se hizo a fecha de 29 de mayo con esta adjudicación por vía de emergencia, que incluye el seguimiento que hacen los conocidos como rastreadores, figura clave a la hora de combatir la expansión del coronavirus. El presupuesto del contrato detalla una estimación de llamadas “que se van a gestionar” -en torno a 4.000 diarias-, así como el coste individual de las mismas -2,90 euros-.
Teniendo en cuenta esto, y que la duración es de 30 días, el contrato asciende a 348.000 euros sin IVA. O lo que es lo mismo, 421.080 euros con impuestos.
Esta adjudicación se conoce en medio de las críticas por parte de colectivos sanitarios y sindicatos por la falta de rastreo en la región. Desconfían de la gestión del Gobierno de PP y Ciudadanos. “La Comunidad ahora mismo es de las regiones que menos ha invertido en rastreadores y en asegurar la vigilancia epidemiológica, teniendo en cuenta que Madrid ha sido uno de los epicentros más importantes de esta pandemia”, criticaba Mónica García, diputada de Más Madrid, hace unos días en declaraciones a EL BOLETIN.
El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, continuaba, “ha sido capaz de gastar antes 50 millones para empezar a meter excavadoras en un hospital que no necesitamos –en referencia al de pandemias de Valdebebas- y, sin embargo, no es capaz de poner ni siquiera 5 millones en contratar rastreadores que nos darían una seguridad y vigilancia epidemiológica que requiere la Comunidad”.
De 400 a 182: Madrid tiene menos de la mitad de los rastreadores prometidos
La propia Comunidad, en boca de su vicepresidente Ignacio Aguado, ha cifrado en 182 las personas que se dedican al rastreo de casos de coronavirus en la región: 142 técnicos de Salud Pública y 40 en el Centro de Atención al Paciente. No son ni la mitad de los 400 rastreadores prometidos en su día al Ministerio de Sanidad para avanzar en la desescalada. No obstante, para el Ejecutivo regional la falta de estos profesionales no es un problema.
“El problema no es que la Comunidad de Madrid no tenga rastreadores, es que adaptamos el equipo de rastreadores a las necesidades que vamos encontrándonos en el día a día”, señaló Aguado tras la reunión este miércoles del Consejo de Gobierno, recoge EFE. En su opinión, en caso de necesitarse se reforzará esta plantilla.
“Seguimos en alerta, porque en cualquier momento puede haber un nuevo rebrote o se puede descontrolar alguno de los anteriores”, pero actualmente “no es un problema”, remarcó el también portavoz del Ejecutivo madrileño.
Este mismo jueves la Consejería de Sanidad y el Ministerio se han reunido para analizar los posibles rebrotes, así como la situación del aeropuerto de Barajas y el uso obligatorio de las mascarillas incluso cuando hay distancia de seguridad. Sobre estas últimas, ha descartado por ahora imponerlas en la región.
En una comparecencia ante los medios tras el mencionado encuentro, el consejero Enrique Ruiz Escudero, al ser preguntado por los rastreadores y el contrato con Telefónica e Indra, ha afirmado desconocer los detalles del mismo. “Lo que nosotros planteamos siempre con el CAP es poder aumentar su capacidad con toda la flexibilidad posible para tratar de adaptar esa situación”, ha afirmado el responsable madrileño de Sanidad.
Según ha explicado, de los 182 rastreadores, 40 pertenecen al CAP, “que son los que hacen la llamada concreta a cada uno de los contactos según van reportando desde esos técnicos de Salud Pública” y “es ahí donde tenemos ese contrato con Indra”. Eso sí, el consejero no ha aclarado si este contrato se ha ampliado o duró los 30 días estipulados.
“Denota el mantenimiento de la tendencia a privatizar los servicios públicos”
Rosa Cuadrado, secretaria general de CCOO Sanidad Madrid, ha lamentado que la Comunidad “intentarán justificar” con este contrato “la necesidad de afrontar la situación de crisis sanitaria”. En su opinión, estas actuaciones “denotan el mantenimiento de la tendencia a privatizar los servicios públicos, con alevosia y premeditación” que, algunas veces pasan desapercibidas por la ciudadanía, como ha pasado con la limpieza del Hospital Gregorio Marañón.
Para Rosa Cuadrado el Gobierno de Ayuso “demuestra su incapacidad y su falta de voluntad y compromiso para garantizar el rastreo de casos” y ha criticado que estén “asentados en la dinámica de atribuir responsabilidades a otros, como está ocurriendo con los casos importados que entran por Barajas, mientras que se intenta que se olvide que aumenta el número de casos en Madrid”.
