Exalcaldes del PP señalan al juez de Púnica que Aguirre controlaba todo lo que se hacía en el partido

Púnica

Exalcaldes del PP señalan al juez de Púnica que Aguirre controlaba todo lo que se hacía en el partido

El exalcalde de Majadahonda dice al juez que Aguirre llamaba personalmente a los donantes para agradecérselo.

Esperanza Aguirre

El que fuera el alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, conocido como ‘el albondiguilla’, y el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega han declarado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Púnica que la expresidenta de la Comunidad de Madrid y expresidenta del PP regional Esperanza Aguirre era la persona que controlaba todo lo que se hacía en el PP y la que daba las directrices de todo.

Durante más de tres horas de declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, tanto los dos alcaldes como la exadministradora de las empresas del cabecilla de la Gürtel Isabel Jordán, han respondido sobre las posibles implicaciones de Aguirre en la presunta financiación irregular del PP de Madrid que se investiga en esta pieza del caso Púnica.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el testimonio más contundente ha sido el de Guillermo Ortega, quien ha relatado detalles al juez, como que la propia presidenta llamó a empresarios tras las elecciones de 2007 que donaban dinero al partido para agradecérselo.

Esas mismas fuentes han señalado que Ortega recibió, al igual que otros cargos, el encargo de Francisco Granados, quien fuera consejero de Presidencia, de recaudar un millón de euros ese mismo año para paliar las deudas del partido. Ortega habría entregado ese dinero en metálico que provenía de promotores de vivienda, y ha explicado como tanto Aguirre como el expresidente Ignacio González le agradecieron sus aportaciones.

UN SOBRE CON 60.000 EUROS

Estas mismas fuentes han relatado que Ortega ha explicado que siendo presidente del Mercado de Toledo inflaba contratos incluyendo sobrecostes que luego iban al ‘fondo de armario’ –caja b– del partido.

Así, ha señalado ante el juez que Aguirre conocía que el partido recibía donaciones en metálico de empresas, y de hecho ha apuntado que él estuvo en una reunión en la sede del PP en la calle Génova con Aguirre y con Francisco Granados en la que entró el extesorero del PP Álvaro Lapuerta con un sobre que contenía 60.000 euros.

Por su parte, González Panero ha insistido a la salida de su declaración que Aguirre «era la persona que controlaba, conocía y que daba todas las órdenes de todo lo que se hacía en el partido». «No había nadie que fuese capaz de hacer algo sin el conocimiento de ella sin jugarse el puesto», ha llegado a decir.

Asimismo, ha incidido en que «ella daba las directrices de todo» aunque ha apuntado que no ha hablado ante el juez de cómo funcionaba el asunto de la financiación interna del partido porque desconocía ese asunto.

«He venido a colaborar con la Justicia, como llevo haciendo desde hace once años desde que estalló el escándalo Gürtel, parecía que era una locura que dijese que mi problema era que no hacia caso a lo que me decía Bárcenas –extesorero del PP– o Aguirre, que no había sombra de duda sobre ellos, con el tiempo se ha demostrado que era verdad. Y ahora, que se me quiere escuchar, vengo encantado a colaborar», ha indicado.

AGUIRRE Y CIFUENTES, INVESTIGADAS

El juez acordó ya en septiembre de 2019 investigar a Aguirre, pero también a su sucesora en la Presidencia madrileña, Cristina Cifuentes, en el ‘caso Púnica’, por la presunta financiación irregular del PP regional.

Sobre Aguirre, el juez explicó en su auto que la investigación arroja «indicios racionales» de que sería «quien ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad». Campañas que «iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad», destacaba la resolución de García Castellón.

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