El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, junto con 75 familias que viven en viviendas de Blackstone, se ha propuesto sentar al fondo buitre en el banquillo por sus contratos de alquiler “abusivos”. “Ante la inactividad del Gobierno”, que lamenta que “sigue premiando a los fondos con privilegios fiscales”, este colectivo ha presentado una demanda colectiva en la que acusa a la compañía de “vulnerar la ley en la redacción de sus contratos”.
“Blackstone ha iniciado para el mercado del alquiler una tendencia que venía produciéndose en otros mercados, como el de los préstamos hipotecarios”, afirma el Sindicato de Inquilinos, que explica que se trata de “la contratación en masa mediante contratos tipo pre-redactados y donde el inquilino solo tiene dos opciones: adherirse a la propuesta en su integridad o rechazarla”.
Esto provoca “numerosos abusos por parte de los especuladores inmobiliarios profesionalizados en al alquiler, que imponen sus condiciones cada vez más abusivas”. “Su objetivo es subir los alquileres todo lo posible para aumentar sus beneficios, presionar al alza los precios del mercado y conseguir que se revaloricen sus activos”, detalla antes de apunta que, por ejemplo, las familias demandantes están sufriendo subidas del 100% de sus alquileres. Y no es una excepción. Goldman Sachs, Cerberus y Azora están llevando a cabo estas mismas prácticas Aranjuez, Badalona, Palma o Pamplona.
Además de incumplir la ley con estos contratos “absolutamente abusivos”, este sindicato señala que los casos que este miércoles se llevan ante la Justicia atañen a promociones de vivienda levantadas sobre suelo público, “donde la Comunidad de Madrid cedió un suelo que pertenecía a toda la ciudadanía”, para que se comercializarán estos inmuebles a unas rentas limitadas. “El objetivo era permitir el acceso a alquileres asequibles a familias jóvenes e incluso, su compra tras unos años de arrendamiento con descuento de lo abonado por las rentas”, recuerda.
Sin embargo, los contratos “están plagados de cláusulas abusivas”. Entre ellas, que la totalidad de gastos de comunidad de propietarios e IBI deben ser sufragados por el inquilino, que también tiene obligación de contratar un seguro del hogar o que se ha obligado a los arrendatarios a renunciar al derecho de tanteo y retracto, un “derecho histórico” reconocido tanto en la Ley de Arrendamientos Urbanos como en el Código Civil.
“Esta fórmula de contratación, poco transparente y con multitud de renuncias a derechos, ha sido ya analizada por el Tribunal de Justicia de la UE”, remarca este colectivo de inquilinos, que da este paso “ante la amenaza que los fondos buitre suponen”.
Asimismo, con esta acción judicial se busca que el Gobierno “tome conciencia de la situación y tenga la valentía política de adoptar una batería de medidas que pongan coto a este tipo de prácticas mediante reformas legislativas que protejan al inquilinato y persigan la especulación desaforada de las socimis y los fondos buitre”.
“Hoy denunciamos el caso de 75 familias (de la localidad de Torrejón), pero son cientos de miles las personas afectadas por estas prácticas en nuestro país”, advierte el Sindicato de Inquilinos, que exige al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos que “deje de mirar hacia otro lado y de complacer a los fondos de inversión, para intervenir y garantizar que se cumpla el derecho a la vivienda como exige la Constitución”.
