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PSOE y Unidas Podemos acuerdan garantizar la atención sanitaria en residencias e inspecciones periódicas

La portavoz socialista, Adriana Lastra, conversa con el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique en la Comisión del Congreso para la Reconstrucción Social y Económica
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La portavoz socialista, Adriana Lastra, conversa con el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique en la Comisión del Congreso para la Reconstrucción Social y Económica

Se comprometen a reforzar las debilidades en la coordinación entre Sanidad y CCAA y crear una red nacional de reserva de material sanitario.

miércoles 24 de junio de 2020, 21:15h

PSOE y Unidas Podemos han acordado, en su documento de conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción tras la crisis del coronavirus, la necesidad de garantizar la atención sanitaria de la tercera edad en las residencias, mediante la coordinación de los sistemas sanitario y social, así como desarrollar un sistema de "inspección periódica" que permita comprobar que estos centros cumplen las condiciones exigidas.

Así consta en el documento que los socios del Gobierno de coalición han elaborado de forma conjunta para plasmar, en este caso, las conclusiones del grupo de trabajo de Políticas Sociales y Sistemas de Cuidados de la citada comisión, que consideran que el Ejecutivo debe poner en marcha para afrontar la crisis tras la pandemia.

En el texto, reconocen que "la especial virulencia del coronavirus en las personas mayores, así como su gran letalidad en las personas internas en residencias, obliga a revisar el modelo y, en todo caso, señala la necesidad de poner el foco en nuevos riesgos y necesidades".

En este sentido, hacen hincapié en la necesidad "urgente" de promover, junto a las Comunidades Autónomas, la necesidad de coordinar los sistemas sanitario y social, "desde la constatación de que las personas residentes en estos centros conservan sus derechos a la atención sanitaria desde el Sistema Nacional de Salud y a la atención a su situación de dependencia, con los estándares de calidad de ambos sistemas".

Para ello, piden que en las residencias, el seguimiento de la atención sanitaria se realice por el centro de salud con derivación a hospital cuando la situación clínica lo requiera, y que se establezcan protocolos de atención en situaciones terminales y de cuidados paliativos asimilados a los domiciliarios.

Asimismo, abogan por que los Servicios Sociales establezcan acreditaciones de formación del personal de cuidados, y un sistema de inspección periódica que permita comprobar "el cumplimiento de las condiciones exigidas a estos centros residenciales a efectos de verificar dicha coordinación".

Además, señalan que "se creará un órgano de coordinación entre los sistemas sanitario y social de atención a la dependencia cuyas funciones, entre otras, serán planificar de forma conjunta cuidados de larga duración, establecer un sistema integrado de información, velar por la calidad de las prestaciones y definir los protocolos a seguir en caso de crisis sanitarias como la actual".

Asimismo proponen elaborar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, planes de contingencia para prevenir y abordar posibles situaciones de rebrotes de la crisis COVID-19 u otras circunstancias similares, "con el objetivo de organizar y planificar con antelación las actuaciones necesarias para garantizar el derecho a la salud de las personas mayores".

EXTENDER LA MORATORIA DE DESAHUCIOS Y CORTE DE SUMINISTROS

Por otra parte, PSOE y Unidas Podemos instan en su documento de Política Social a estudiar la posibilidad de extender la duración de algunas de las medidas como las moratorias de desahucios, la imposibilidad de corte de suministros y el apoyo al pago de deudas relacionadas con la vivienda.

Además, piden estudiar medidas para contener las subidas abusivas de alquiler con carácter temporal, excepcionalmente, y en zonas urbanas de mercado tensionado, así como llevar a cabo un Plan de vivienda en alquiler, "contando con la colaboración del sector privado", para garantizar "una alternativa habitacional digna a las personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida".

En cuanto al teletrabajo, apuestan por elaborar, en el marco de diálogo social y con perspectiva de género, una propuesta legal para regularlo, que recoja entre sus previsiones el reconocimiento de nuevos derechos, como "el derecho a la desconexión, derecho a la formación continua, derecho a la organización del tiempo de trabajo de la persona trabajadora con garantía para el empresario, y la prevención de riesgos laborales".

Asimismo, piden promover un pacto social y político por la racionalización de los horarios, que incluya una Ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios, que permite reorganizar completamente los tiempos de trabajo, ocio y cuidados. "Se debe, asimismo, desarrollar una legislación del trabajo corresponsable, que incluya la reforma del régimen de trabajo a tiempo parcial", añaden.

Por otra parte, en su documento de conclusiones del grupo de trabajo de Sanidad y Salud Pública, PSOE y Unidas Podemos reconocen las debilidades en la coordinación entre el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas que la pandemia ha dejado al descubierto. Sugieren al respecto reforzar el Ministerio con más personal y recursos, pero también repensar el funcionamiento del Consejo Interterritorial de Salud en el que participan las CCAA pensando en poder dotarlo de capacidades adicionales.

ACABAR CON LA PRECARIEDAD DE LOS SANITARIOS

Los dos socios de coalición apuestan asimismo por actualizar la legislación sanitaria tanto en el ámbito nacional con el autonómico al objeto de estar mejor preparados para enfrentar un posible rebrote de la COVID19 o cualquier otra emergencia o epidemia, pero también con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, buscando acabar con la "temporalidad" y "precariedad" en los contratos.

En concreto, ven necesario revisar "con carácter urgente" el sistema de selección de profesionales sanitarios, en particular para las especialidades médicas, habilitando un sistema abierto y permanente que combine una prueba nacional periódica de competencias con una selección local por concurso, de adaptación a perfil y puesto, permitiendo que la mayoría de las vacantes se puedan reponer antes de producirse.

Defienden también "aumentar con carácter general las plantillas de la sanidad pública" hasta alcanzar la media de médicos y enfermeros por habitante de los países desarrollados y poner en marcha un programa de atención a los profesionales con estrés postraumático tras el COVID-19.

El documento se centra en particular en la urgencia de reforzar la atención primaria como unidad encargada de la detección precoz de nuevos contagios por coronavirus, pero también para que pueda atender urgencias fuera del horario habitual, como medida para descongestionar las urgencias de hospitales.

PSOE y Podemos proponen establecer una red nacional de depósitos de reserva de material sanitario estratégico (materiales de protección, EPIs, mascarillas, sustancias desinfectantes, instalaciones de camas de UCIs, respiradores automáticos, etc.), distribuido por el territorio, para prevenir su caducidad, y defiende que se priorice la compra de estos materiales a fabricantes españoles.

En materia educativa, proponen fortalecer la educación pública "como columna vertebral" del sistema educativo, "incrementando la inversión", y "reforzar los programas de enseñanza on-line y la distribución de equipos digitales a los estudiantes que carecen de ellos o no disponen de material digital suficiente para realizar un seguimiento adecuado de actividades educativas en condiciones de limitación de la enseñanza presencial".

En esta línea, piden "preparar a los docentes para llevar a cabo esta instrucción digital y una supervisión tutorial de los alumnos a distancia", y reforzar la presencia de estas competencias en el currículo educativo del alumnado en todos los niveles educativos.

También se apuestan por desarrollar, en el marco de la Conferencia Sectorial, un plan de choque de inicio del curso escolar 2020-2021 con las Comunidades Autónomas y la comunidad educativa con medidas y acciones específicas para detectar las desigualdades que se hayan podido generar como consecuencia del COVID-19 y revertirlas".

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