El sector del automóvil ha sido hoy uno de los grandes protagonistas de la Cumbre Empresarial organizada por la CEOE, que durará hasta bien entrada la próxima semana. En plena tormenta por el anuncio de Nissan de cerrar su planta de Barcelona, buena parte de los intervinientes han aprovechado para pedir a los políticos en general, y al Gobierno en particular, que trasladen el mensaje de que España es un país ‘amigable’ para la industria. El otro eje sobre el que han rotado las ponencias ha sido el empleo, no solo pidiendo la extensión de los ERTE, sino defendiendo “sin complejos” la reforma laboral o poniendo sobre la mesa propuestas como un “salario mínimo vital”.
José Vicente de los Mozos, presidente de Renault España y de Anfac, ha sido el primero en tomar la palabra, y lo ha hecho haciendo un alegato para preservar un sector que supone un 60% de la industria del país y un 10% del PIB nacional, “un milagro” teniendo en cuenta que ningún fabricante tiene su sede en España.
En ese sentido, y en un momento en que países como Alemania o Francia “están empujando para relocalizar” la industria, ha abogado por “seguir siendo competitivos y seguir exportando” mediante el avance en asuntos como la digitalización, la producción de vehículos eléctricos, la automatización y, sobre todo, la mano de obra cualificada. A su juicio, en este punto “el rol de los agentes sociales tiene que ser importante, con acuerdos de flexibilidad y contención salarial”.
Para mantener la competitividad del sector español será necesaria también la colaboración de las administraciones públicas, ha defendido, llegando a pedir que “los políticos cuenten hasta tres antes de hacer declaraciones”, ya que en ocasiones “se confunde mercado interno con movilidad y con nuevas tecnologías”. De los Mozos considera fundamental que “España no se considere un país que ataca al automóvil”. “España debe ser un país ‘friendly’ y dar tranquilidad y seguridad jurídica a las multinacionales que estamos en este país”, ha añadido.
La otra pata de la recuperación del sector será el mercado interno, donde será necesario un proceso “gradual” de electrificación de los vehículos, aunque para ello se necesitará una inversión en infraestructuras. A modo de ejemplo, ha destacado que Madrid solo cuenta con 500 postes de recarga, mientras que París cuenta ya con 12.000. El presidente de Anfac ha incidido también en la necesidad de una “homogeneidad normativa”, ya que en España hay “cuatro leyes de cambio climático y más de 50 de calidad del aire”, y ha pedido “definir el modelo de movilidad en el país”.
En una línea similar se ha expresado Francisco Riberas, presidente de la empresa de componentes Gestamp, que considera vital “mandar un mensaje claro a los fabricantes de que el Gobierno va a apoyar proyectos que garantícenla viabilidad del sector del automóvil y de que España “es un país amigo del sector del automóvil”. Tal y como ha recordado, existe ahora mismo un problema de “sobrecapacidad a nivel global” en el que “existen grandes riesgos para el sector en nuestro país” ya que “no existen centros de decisión” que puedan inclinar la balanza en la “pelea para traer la fabricación de los nuevos modelos, especialmente los eléctricos y los híbridos enchufables”.
En relación con esto, ha celebrado el plan anunciado este lunes por el Ejecutivo para estimular la demanda interna y ha pedido que “se ponga en marcha de manera decidida y cuanto antes”. Este plan para remplazar los vehículos antiguos “junto con la prórroga de los ERTE mandaría un mensaje positivo a los fabricantes”.
En relación con los ERTE, Riberas ha reflexionado que han sido un “mecanismo fundamental” que ha permitido mantener a flote empresas y empleos. Pero a su juicio también es “fundamental prorrogarlos hasta que la demanda sea suficiente para preservar la mayor parte del empleo”. En ese sentido, ha pedido también “no introducir cambios normativos que reduzcan la flexibildad de las empresas”.
María Helena Antolín, presidenta de Sernauto, ha aprovechado también para pedir al Gobierno que “transmita seguridad jurídica y regulatoria”, ya que ha insistido en que “el partido no se juega dentro de nuestras fronteras; estamos rivalizando con otros países para atraer las inversiones”. Asimismo, ha recordado que la industria de proveedores genera 365.000 empleos directos e indirectos y que el empleo podría caer entre un 6% y un 10% debido a la crisis.
“Estamos a tiempo de reducir ese impacto”, ha asegurado Antolín, que ha pedido un esfuerzo para alcanzar un “consenso” y extender los ERTE.
Salario mínimo vital y defensa “sin complejos” de la reforma laboral
También ha puesto énfasis en el empleo Raúl Palacios, presidente de Ganvam, que ha llegado a proponer la creación de un “salario mínimo vital”, como ha denominado a un instrumento que nacería del acuerdo entre Gobierno y empresas para que “el Estado subvencione la incorporación de la totalidad de las plantillas acogidas por los ERTE” a cambio de que las empresas se comprometan a mantener el empleo.
A su juicio, esta medida “costaría solo el 2% del PIB” y conllevaría al menos “ocho meses de estabilidad laboral”, cuatro a cargo del Estado y otros cuatro a cargo de las empresas. ¿No sería preferible mantener un puesto de trabajo subvencionado por el Estado que ofrecer una renta? ¿No sería preferible para el destinatario que esta renta le diese ya una oportunidad desde el principio de incorporarse al mercado laboral?”, se ha preguntado.
Sin llegar a tanto, el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez Jiménez, ha hecho un alegato a favor de “mantener la reforma laboral, pero además sin complejos”. A su juicio, la actual regulación laboral “beneficia no solo a las empresas, sino también al trabajador”, y “permite que el talento se traslade de empresa a empresa”
Pérez ha pedido asimismo extender los ERTE “al menos hasta diciembre” para permitir una “incorporación gradual” de los trabajadores, y ha mostrado su “gran satisfacción” por el plan anunciado el lunes. El representante de los concesionarios ha alertado además del riesgo adicional para su sector por el proceso de digitalización, ya que “el fabricante puede tener la tentación de vender sus vehículos directamente al cliente y en España no hay ningún fabricante ni centro de decisión”. En ese sentido, al igual que ha coincidido en que los fabricantes necesitan un entorno jurídico estable, “nosotros también lo necesitamos”.
