La titular del Juzgado de Instrucción n1 51 de Madrid, Carmen Rodrígue-Medel, ha acordado este viernes el sobreseimiento provisional del caso conocido como 8-M al considerar que, tras la práctica de las diligencias de investigación acordadas en el procedimiento, no hay indicios suficientes del delito de prevaricación administrativa por el que se investigaba al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo.
Durante su declaración esta semana como imputado, el también secretario general del PSOE en Madrid reiteró en varias ocasiones que él no es competente en materia de Sanidad y que nunca tuvo a su disposición información sobre la evolución del covid-19.
Al término de su declaración ante la magistrada, y a preguntas de los numerosos periodistas que le esperaban a la puerta del edificio de los juzgados de Madrid, el delegado del Gobierno señaló que «no había ningún elemento que le llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental» como era el de manifestación feminista, y su actuación como delegado del Gobierno en este asunto siempre lo fue con arreglo a la ley y a las recomendaciones de los expertos sobre la evolución de la pandemia.
