Escrivá defiende que la pobreza extrema quedará “prácticamente erradicada” con el IMV

Ingreso Mínimo Vital

Escrivá defiende que la pobreza extrema quedará “prácticamente erradicada” con el IMV

“Si todos los potenciales beneficiarios accedieran a la nueva prestación, la pobreza extrema en España quedaría prácticamente erradicada”, ha señalado Escrivá.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado, durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que el ingreso mínimo vital llegará a 2,3 millones de personas, de las que algo más de un millón saldrán de la pobreza extrema. Más de medio millón más dejarían de estar en situación de pobreza muy alta y otras 125.000 saldrían de pobreza alta y moderada. Los otros 575.000 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, que no cambian de categoría, estando mayoritariamente en pobreza alta, verían cómo su renta mejora un mínimo de un 10%.

De esta forma, “si todos los potenciales beneficiarios accedieran a la nueva prestación, la pobreza extrema en España quedaría prácticamente erradicada”, ha señalado Escrivá, quien ha destacado el efecto que tendrá especialmente en los hogares con hijos. En este sentido, en los hogares monoparentales la pobreza extrema bajaría un 87%, mientras que en el resto de hogares con hijos lo haría en el 81%.

Según los cálculos del Ministerio, hay 831.000 hogares que podrían solicitar esta prestación en toda España. De media, percibirán un ingreso mínimo vital de 3.756 euros al año, que se suman a las rentas preexistentes de 4.733 euros que los posibles beneficiarios tienen disponibles. Destaca que más de un 15% de los posibles hogares beneficiarios son monoparentales (un adulto con uno, dos o más menores).

Esta nueva prestación incidirá especialmente sobre la pobreza infantil, ya que más del 50% de posibles hogares beneficiarios tienen menores y más del 30% de las personas beneficiarias son menores. El número de mujeres dentro de los hogares beneficiarios supone un 54% del total, con especial presencia en hogares monoparentales que potencialmente pueden beneficiarse del IMV y que están encabezados en un 90% por una mujer.

El ministro ha recalcado que el ingreso mínimo vital llegará a sus beneficiarios a través de diferentes vías. En primer lugar, a través de la reconversión automática de beneficiarios de la prestación por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad menor del 33%. En este sentido, la Seguridad Social ya ha realizado las comprobaciones de requisitos de renta y patrimonio y reconocerá de oficio la prestación a más de 75.000 hogares en los que viven más de 255.000 personas. Según Escrivá, este colectivo percibirá el primer pago del ingreso mínimo vital el próximo 26 de junio.

Además, las personas que soliciten la prestación a lo largo de los tres primeros meses desde el inicio del plazo de solicitud (15 de junio) la percibirán con efectos retroactivos al 1 de junio.

En segundo lugar, también se podrá reconocer la prestación a aquellos beneficiarios de rentas de las comunidades autónomas que cumplan los requisitos para acceder al ingreso mínimo vital. El Instituto Nacional de la Seguridad Social ha diseñado un protocolo de intercambio de información para que las comunidades que cumplan con dicho protocolo puedan remitir la información de sus beneficiarios para que se pueda reconocer la prestación a estos hogares. Además, a partir del 15 de junio, se puede solicitar esta prestación en el INSS, a través de la sede electrónica de la Seguridad Social (con y sin certificado digital) y en las oficinas (CAISS) cuando, en atención a las indicaciones de las autoridades sanitarias se reinicie la atención presencial.

Finalmente, habrá una cuarta vía de acceso, a través de los ayuntamientos. Para ello, en los próximos días se firmará un convenio marco con la Federación Española de Municipios y Provincias al que se podrán adherir libremente.

El ministro, José Luis Escrivá, ha subrayado que el objetivo es recortar los plazos de concesión de la prestación de forma que sean similares a los que tiene la Seguridad Social para las pensiones contributivas (en torno al mes) frente a los más de 100 días que de media tardan en reconocer las comunidades autónomas las pensiones no contributivas.

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