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Un consejero de Ciudadanos sobre la orden de no trasladar a ancianos de residencias a hospitales: "No es ético ni legal"

Alberto Reyero, consejero de de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad
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Alberto Reyero, consejero de de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad (Foto: Comunidad de Madrid)

Alberto Reyero asegura estar "absolutamente a favor" de que se produzca una comisión de investigación sobre las muertes en las residencias.

lunes 01 de junio de 2020, 17:43h
El consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, se ha mostrado este lunes "radicalmente en contra" de los criterios reflejados en varias órdenes por la Comunidad de Madrid por las que se rechazaba el ingreso en hospitales a determinados usuarios de residencias de mayores en pleno pico de la pandemia del coronavirus.

En una comisión celebrada en la Asamblea de Madrid, Reyero ha aseverado que dichos criterios, establecidos en diversos protocolos difundidos por varios medios de comunicación, se distribuyeron "en contra del criterio de la Consejería de Políticas Sociales". De hecho, ha dicho que tanto en reuniones como por escrito el 22 de marzo, el 31 de marzo y el 11 de abril manifestó al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, su posición rotundamente contraria.

"La derivación (a hospitales) debe basarse en criterios médicos pero no por grado de dependencia. No es ético y posiblemente no sea legal. Si no era posible la derivación, habría que medicalizar las residencias, dije. O el residente va al hospital o al revés", ha afirmado el consejero, quien ha recordado que el CERMI expresó su inquietud por estos protocolos.

Reyero ha precisado que dichos protocolos son contrarios a los derechos internacionales de las personas con discapacidad. "Todos por ser ciudadanos tenemos derecho a la sanidad pública. Por vivir en una residencia no se pierde ese derecho", ha reiterado Reyero, quien se ha mostrado "absolutamente a favor" de crear una comisión de investigación en la Asamblea que analice la mortalidad de las residencias madrileñas durante esta pandemia.

También ha lamentado que el Ministerio de Derechos Sociales no haya publicado las cifras de toda España de mortalidad en residencias por Covid, a pesar de que desde hace casi dos meses cada comunidad les facilita las cifras dos veces por semana.

Reyero ha tomado los datos periodísticos que revelan que son más de 19.000 los residentes fallecidos por Covid en España, por lo que en la región serían el 31 por ciento. "Teniendo en cuenta que los fallecidos totales dados por el Ministerio de Sanidad son más de 27.000, el 34 por ciento de ellos en Madrid. Estamos hablando de porcentajes similares en ambos casos. Ha habido un problema en la Comunidad de Madrid, pero también en toda España. No hay una excepción madrileña. Hay muchos factores a tener en cuenta. Uno puede ser el modelo de gestión, otro el tamaño de las residencias, la propia infraestructura de la residencia, etcétera", ha remarcado.

Además ha señalado que han trabajado desde el primer momento para atender a las personas más vulnerables habilitando espacios, convirtiendo CEPIS en centros de distribución de alimentos a inmigrantes y sin recursos y habilitando la red de comedores sociales, que ha distribuido bolsas de comida a los más necesitados. El consejero también a la gestión de convenios para niños en situación de vulnerabilidad por el cierre de colegios.

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

La portavoz socialista de Políticas Sociales en la Asamblea, Purificación Causapié, ha subrayado que las órdenes dadas para restringir los ingresos de pacientes procedentes de residencias en hospitales son varias y están firmadas por cargos públicos, por lo que ve "imprescindible" que la comisión de investigación estudie lo ocurrido.

Así ha recordado que los jueces han insistido en la medicalización completa de las residencias en Alcorcón y Leganés, con 37 fallecidos tras los autos judiciales. Por otro lado, ha criticado la "falta de control y estructura para vigilar" de la Consejería respecto a las residencias privadas y concertadas de la región, que son la inmensa mayoría; y la tardanza en la zonificación de muchos geriátricos por el coronavirus.

La parlamentaria socialista ha pedido a Reyero que se oponga a despidos y expedientes de empleo en residencias madrileñas, que se comprometa con el presupuesto que sean capaces de garantizar "una adecuada gestión y seguimiento" y que luche para acabar con las llamadas colas del hambre. "Han sido muy rácanos con la política social", le ha espetado.

Por su parte, la diputada del PP Dolores Navarro ha criticado la compra de test falsos, la requisa de aduanas y la "descoordinación y el desgobierno" del Ejecutivo central en esta crisis. "El mando único de Pablo Iglesias en residencias ni está ni se le espera y politiza el dolor. Madrid ha trabajado sin descanso. La compra de los EPIs por parte de la Comunidad fue un respiro para los trabajadores de residencias es. Madrid no tiene una tasa de mortalidad más alta de residencias de toda España", ha resaltado.

Navarro ha explicado que si la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se opuso a la llegada de médicos del Ejército a las residencias madrileñas, como le pedía Reyero, fue por "solidaridad" para que pudieran dar servicio en toda España. Sobre el rechazo a hospitalizar a usuarios de geriátricos, ha indicado que prevalecieron los criterios médicos y que los protocolos mencionados solo eran "un borrador que se corrigió, que solo planteaban que con en casos de terminalidad se diera el mismo tratamiento en su residencia".

"Si preguntamos a los geriatras nos dirán que el único problema es que las ambulancias no llegaban en ciertas ocasiones", ha añadido la parlamentaria popular, que ha apuntado también que una orden del Gobierno central del 5 de abril "pedía a las residencias que dejaran a los contagiados en los centros de mayores y no les mandaran a los hospitales.

Por su parte, la diputada de Cs Carlota Santiago ha reconocido que en Madrid, al igual que en el resto de España, faltaron equipos de protección individual y test en el pico de la pandemia; pero que ahora la situación "ha mejorado mucho" gracias a las intervenciones del Platercam y de las Fuerzas Armadas. "Las residencias no están preparadas para solventar una pandemia de estas características. Por eso es necesario pacto para elaborar un respuesta conjunta para salir de esta crisis", ha lanzado.

POLÉMICA CON LOS PROTOCOLOS

Para el diputado de Más Madrid Emilio Delgado, la página web de la Comunidad de Madrid está "llena de información falsa", ya que habla de la medicalización de residencias cuando no se ha realizado ninguna o de la intervención en más de un centenar cuando al intervención directa de la Comunidad ha sido en 14, al tiempo que se ha quejado de que no cuentan con datos desagregados de afectados por residencia.

Asimismo, Delgado ha llamado "cobarde" a Ayuso por "cargarle el mochuelo" de las denegaciones de derivaciones de residentes a "los pobres trabajadores" médicos. "La presidenta se ha negado a responder si existían protocolos pero hay varios. El mismo partido que no ha tenido duda de instrumentalizar el terrorismo venga a decirnos que investigar todo esto que ha sucedido, saber quién ha hecho estos protocolos es instrumentalizar el dolor pone a prueba la cortesía parlamentaria y la paciencia", se ha quejado.

Por su parte, el parlamentario de Vox Mariano Calabuig ha criticado la "descoordinación total" que ha habido en esta crisis en los geriátricos madrileños y ha apuntado al consejero como "responsable por encima de los demás". "Usted como cabeza tenía que haberse impuesto y si no lo conseguía, se tenía que haber retirado", ha dicho a Reyero, a quien también ha afeado que cree un plan de contingencia con 20 millones de euros a entidades sociales, a las que ha tildado de "chiringuitos", para atener a los más afectados económicamente por la pandemia.

Por último, la diputada de Unidas Podemos Paloma García también ha insistido en que los protocolos para no atender a determinados residentes en hospitales "no eran un borrador", sino una "eugenesia para personas con discapacidad, una vergüenza que no es ético ni legal". También ha asegurado que la Comunidad no ha cumplido los autos judiciales que piden la medicalización de geriátricos en Leganés y Alcorcón.

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