El Gobierno español ha lamentado hoy la decisión de Nissan de cerrar la planta de Barcelona y ha puesto sobre la mesa de la automovilística nipona una serie de alternativas para mantener la actividad. El Ejecutivo recuerda a la empresa que el coste del cierre podría superar los 1.000 millones de euros.
Tras conocer de manera oficial a primera hora de esta mañana la decisión de Nissan Motor de dar por finalizada su presencia en Cataluña, lo que significa a medio plazo el cierre de las instalaciones, el Gobierno español ha remitido un comunicado en el que “lamenta la decisión” adoptada por la compañía.
En ese sentido, “se ha propuesto a la presidencia de la compañía japonesa la creación de un grupo de trabajo para estudiar escenarios alternativos que garanticen la continuidad de la actividad industrial”, ya que el Ejecutivo considera que la continuidad de la planta de Barcelona “es posible mediante el plan de viabilidad presentado hace unos meses” a la presidencia de Nissan, y elaborado de manera conjunta por el Ministerio de Industria y la Generalitat de Catalunya, con el apoyo del Ayuntamiento de la Ciudad Condal y el Consorcio Zona Franca.
El Gobierno reitera que la continuidad de la planta de Barcelona “tiene sentido económico” para Nissan Motor, “al ser más rentable invertir que asumir el coste del cierre, que podría superar los 1.000 millones de euros”. Además, destaca que la planta de Barcelona “tiene carácter estratégico, ya que abandonar la Ciudad Condal y España es abandonar la Unión Europea, con el consiguiente coste reputacional en un mercado de más de 500 millones de habitantes”.
Una vez conocida la decisión se inicia un periodo de negociaciones en el que se establecerán los plazos y las condiciones del proceso. El Gobierno de España convocará en los próximos días a Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de Barcelona, Consorcio Zona Franca y centrales sindicales para analizar conjuntamente la situación y estudiar diferentes escenarios de futuro.
En una entrevista concedida a RNE, la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado que “se han ofrecido todo tipo de apoyos, acompañamientos, ayudas y planes” a Nissan para intentar evitar el cierre, pero que la compañía tiene un plan para “recentrar sus actividades independientemente de los Gobiernos europeos que hayan podido ofrecer”.
Aun así, el Gobierno no va a “tirar la toalla” sino que pretende buscar “fórmulas para mantener el empleo en diálogo con los trabajadores”, ha insistido la ministra.
Colau: “Lo que no podemos hacer es resignarnos”
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido no resignarse ante el anuncio de Nissan, ya que, entre otras cosas, ha recordado el coste social que tendría el cierre de sus plantas. Algo que afectaría a “miles de familias trabajadoras” que ven “angustiadas” la noticia confirmada esta mañana, ha señalado en declaraciones a la Cadena Ser. Para la regidora esta empresa “tiene una larga trayectoria en nuestra área metropolitana” y “ha hecho grandes beneficios con el trabajo de nuestra gente”, además de haber recibido ayudas públicas. “Por lo tanto”, ha remarcado, “tiene una responsabilidad y no se puede deshacer de esta responsabilidad así como así”.
