FACUA-Consumidores en Acción ha criticado este martes que la Comunidad de Madrid «sigue sin tomar medidas ante las irregularidades detectadas en sus mascarillas«, al tiempo que ha acusado al Gobierno regional de estar cometiendo «una grave irresponsabilidad con los madrileños al no retirar, reetiquetar ni rectificar la información difundida sobre sus mascarillas».
Según ha indicado FACUA en un comunicado, los resultados definitivos de los análisis realizados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Insst) tras la petición realizada por la organización a los ministerios de Consumo y Sanidad, que ha recibido este martes, revelan «graves irregularidades en las mascarillas distribuidas por la Comunidad de Madrid a la población».
En una de las cinco muestras analizadas, dos el 15 de mayo y otras tres el 19, el material filtrante deja pasar casi un 40 por ciento de las gotas más pequeñas o aerosoles, frente al máximo del 8 por ciento que se establece para que puedan considerarse FFP2, según el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, que concluyen que el material «no cumple» el nivel de filtración este tipo de mascarilla.
El Insst señala que los resultados del informe solo son válidos para las muestras ensayadas, en las que se observa «una gran dispersión de resultados que no permite una clasificación de la mascarilla».
Solo una de las cinco mascarillas analizadas cumplía los requisitos, al presentar un nivel de filtrado del 4,98 por ciento. En las otras cuatro fue del 8,73 por ciento, 11,14 por ciento, 26,93 por ciento y 39,81 por ciento. En una mascarilla FFP2, la penetración de material filtrante máxima debe ser del 6 por ciento.
Al comenzar la distribución de las mascarillas, FACUA se dirigió a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para requerirle información ante las «numerosas anomalías» en el etiquetado que estaban trascendiendo y el hecho de que estuviese recomendando a la población utilizarlas durante 48 horas, cuando la OMS y organismos de salud pública de la UE y EEUU aconsejan limitar el uso de este tipo de mascarillas a entre 4 y 8 horas. Además, la asociación solicitó a dicha Consejería que aclarase si antes de distribuirse habían sido analizadas en España.
«No hubo respuesta a ninguna de las preguntas», ha constatado FACUA, que considera de «extrema gravedad las prácticas en las que ha incurrido la Comunidad de Madrid, poniendo en riesgo a la población al darles una sensación de falsa seguridad con unas mascarillas publicitadas como FFP2 o KN95 sin cumplir los requisitos y habiendo eludido la realización de análisis previos en España pese a los numerosos casos de productos defectuosos que habían trascendido con anterioridad».
A juicio de la organización, la «irresponsabilidad» del Gobierno autonómico es «aún mayor» al no haber «siquiera paralizado cautelarmente la distribución de las mascarillas cuando trascendieron las primeras irregularidades en su etiquetado, al ponerse de manifiesto que los certificados de homologación europea de las mascarillas eran falsos».
