La Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) estima que el déficit público superará el 11,5% del PIB este año como consecuencia de la crisis del Covid-19 y las medidas de mayor gasto, como el ingreso mínimo vital que elevará el gasto entre tres y cuatro décimas de PIB, al tiempo que avisa de que las limitaciones presupuestarias de algunos países condicionan la política de ayudas y podrían dar lugar a una salida «asimétrica» de la crisis en Europa.
Además, señala que el periodo para aplazar impuestos de pymes y autónomos en España es de los más largos de Europa pero se movilizan menos recursos en términos de PIB por los umbrales en cuanto a facturación y cantidades aplazadas.
Así se desprende del último número de ‘Cuadernos de Información Económica’, publicación editada por Funcas, en el que analiza el despliegue de medidas, también sin precedentes, y su potencial eficacia para mitigar los efectos económicos de la pandemia, además de realizar una comparativa europea.
Los autores Santiago Carbó y Francisco Rodríguez explican en su trabajo que las políticas de financiación son esenciales pero señalan que, en comparación con Estados Unidos, la UE «ha tardado en reaccionar y con un gradualismo quizá mayor del necesario».
Del análisis de ayudas hasta el momento también deducen que, como porcentaje de PIB, las concedidas en España y en el sur de Europa son menores que en países como Alemania. «Estas diferencias pueden provocar una salida de la crisis asimétrica en los diferentes países europeos y en el impacto final sobre los sectores financieros», avisan.
Entre las medidas fiscales aprobadas, Funcas se refiere al aplazamiento de impuestos y cotizaciones para autónomos y pymes, analizado por Desiderio Romero-Jordán y José Félix Sanz-Sanz, que apuntan que las normas aprobadas permiten aplazar durante seis meses los principales impuestos estatales y las cotizaciones a la Seguridad Social.
En el caso de los impuestos, el periodo de aplazamiento es más largo que en la mayoría de países de la UE, y menor al de Reino Unido o Suecia, donde el diferimiento puede extenderse hasta los 12 meses. Sin embargo, constatan que el volumen de recursos movilizados en España es inferior al de Alemania, Francia, Italia, Dinamarca o Bélgica, puesto que en España está restringido a empresas con menos de seis millones de euros de facturación en 2019 y hay límites en cuanto a las cantidades aplazadas.
En las cotizaciones sociales, en cambio, el diferimiento no establece umbrales por volumen de ingresos de las empresas ni límites al volumen de cuotas beneficiadas.
Funcas señala que la otra cara de la política de ayudas públicas a las empresas y al mantenimiento del empleo, de la caída de ingresos por la paralización económica y del aumento del gasto social, será el crecimiento del déficit público. El artículo de Santiago Lago estima que el déficit público podría superar el 11,5% del PIB este año, compuesto por el déficit estructural previo a la crisis, el déficit cíclico asociado a la pérdida de PIB y las medidas discrecionales que ha adoptado el Gobierno para combatir la crisis.
En concreto, indica que el déficit estructural en España es uno de los más elevados de la UE, la Comisión Europea lo situaba por encima del 3% en 2020, a lo que se suma que, con una caída del PIB del 9,3% como la pronosticada por el Gobierno, el ‘output gap’ (diferencia entre el PIB observado y el PIB potencial) se iría al 11% y el componente cíclico del déficit se situaría alrededor de 6,5%.
En cuanto a la discrecional, la incertidumbre es mayor y es una cifra abierta a nuevas decisiones del Gobierno, como el ingreso mínimo vital que podría suponer entre tres y cuatro décimas de PIB adicionales de gasto, por lo que se situaría al menos en dos puntos porcentuales de PIB. De esta forma, cree que el déficit público total «se irá este año muy probablemente más allá del 11,5% del PIB».
