CCOO ha denunciado al Ministerio de Justicia ante la Inspección de Trabajo por el «incumplimiento reiterado» de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante el estado de alarma declarado por la pandemia del coronavirus al adoptar una serie de resoluciones sin consultar a los representantes del personal y sin evaluar los riesgos en cada centro de trabajo. Por ello, pide que el departamento que dirige Juan Carlos Campo paralice su plan de desescalada iniciado esta semana hasta que cumpla estas exigencias legales.
El sindicato considera que Justicia ha incumplido «de forma deliberada» varios artículos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, por lo que ha solicitado a la Dirección Especial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social que «se efectúe propuesta para la determinación de las responsabilidades administrativas, así como, en su caso, penales o civiles en que se haya podido incurrir por el reiterado y generalizado incumplimiento» de dicha norma.
La denuncia se presenta en los primeros días del inicio de la desescalada en la Administración de Justicia, por la que a partir de este martes se han reincorporado a los juzgados y tribunales entre un 30 y 40 por ciento del personal. El sindicato CSIF también ha anunciado que denunciará al Ministerio ante la Inspección de Trabajo.
CCOO explica en un comunicado que el Ministerio de Justicia ha dictado una serie de resoluciones durante el estado de alarma «sin evaluación de riesgos, sin la participación de los representantes del personal y sin intervención de los servicios de prevención ni de ningún otro personal técnico en prevención de riesgos laborales», tal y como establece la mencionada norma.
«IMPRUDENCIA QUE PONE EN RIESGO LA SALUD DE LOS TRABAJADORES»
Para el sindicato, esta forma de actuar es «una imprudencia que ha podido poner en riesgo la salud de los trabajadores de la Justicia». Así, afirma que sus consecuencias se «podían haberse minimizado si se hubiese cumplido la legalidad vigente en materia de prevención» y si las resoluciones tuvieran «la finalidad de proteger la salud del personal en lugar de la reactivación a toda costa de las actuaciones judiciales no esenciales».
CCOO denuncia que el hecho de no se haya realizado una evaluación previa de los riesgos, hace suponer que las medidas preventivas se han adoptado con carácter general en todos los centros de trabajo obviando las dimensiones físicas para garantizar la distancia de seguridad entre el personal y con el público o si el uso de mascarillas puede ser obligatorio «en muchos casos».
Añade que el Ministerio ha acordado, «otra vez sin ningún informe previo ni asesoramiento técnico en materia preventiva», iniciar su fase 1 de la desescalada del sector, pese a que muchas provincias sigan en la fase 0 porque así lo ha decidido el Gobierno por criterios sanitarios.
Asimismo, CCOO asegura que Justicia incumple también la ley de Prevención de Riesgos Laborales porque «no ha facilitado a la representación sindical los datos de personal contagiado en la Administración de Justicia, elemento fundamental para evaluar los resultados de las medidas preventivas adoptadas o proponer su modificación».
PETICIONES A LA AUTORIDAD LABORAL
Por todo ello, pide a la Inspección de Trabajo que requiera al departamento que dirige Campo que deje sin efecto la orden ministerial del pasado 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el covid-19 «hasta que no se dé cumplimiento a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en lo relativo a servicios de prevención, evaluación de riesgos y participación e información de los trabajadores, delegados de prevención y comités de seguridad y salud.
También solicita que requiera al Ministerio que facilite a la representación legal de los trabajadores los datos de contagio y aislamiento por coronavirus según tenga conocimiento de los mismos, así como información sobre los medios materiales y personales de prevención.
Por último, insta a que Justicia evalúe el riesgo de los grupos más vulnerables, entre ellos el de mayores de 60 años y la realización de test o reconocimientos médicos para la vigilancia de la salud de personal, especialmente en la reincorporación al trabajo de personas previamente contagiadas o afectadas por contacto estrecho.
