La ONG Amnistía Internacional (AI) ha señalado este jueves que cualquier Gobierno que con su inacción permita que personas refugiadas mueran de hambre o sed durante la cuarentena decretada para hacer frente a la pandemia «habrá actuado terriblemente mal frente a la crisis».
Amnistía ha denunciado el «trato inhumano que reciben personas refugiadas y migrantes» durante la pandemia, que a su vez supone una «amenaza» a los avances que se están logrando en muchos de campamentos y centros de acogida para responder al avance de la enfermedad.
«Las medidas de confinamiento y restricción de la movilidad han agravado las ya terribles condiciones existentes, dejando expuestas a millones de personas a pasar hambre y contraer enfermedades», ha alertado la ONG.
«Es imposible contener eficazmente el virus cuando en todo el mundo hay tantas personas que viven en campos de acogida y centros de detención donde las condiciones de hacinamiento y falta de higiene son desesperadas», sostiene AI, quien pide a la comunidad internacional «una acción mundial» para proporcionar «a centenares de miles de personas» un acceso apropiado a los sistemas de higiene y alimentación.
EL HAMBRE AMENAZA MÁS QUE EL VIRUS
El director del Equipo sobre Derechos de Personas Refugiadas y Migrantes de AI, Iain Byrne, ha denunciado la actuación de «algunos gobiernos» que, en lugar de mostrar «compasión y cooperación», han optado por medidas «como impedir los envíos de alimentos y agua y encerrar a personas o devolverlas a situaciones de guerra y persecución».
«En muchos campos se observa ya que la muerte por hambre es una amenaza mayor que el propio virus», ha advertido.
Byrne ha explicado que esto demuestra «que se está eludiendo de manera horrible la responsabilidad colectiva de proteger a las personas refugiadas y migrantes», por ello, AI ha pedido a los estados que tomen «medidas de inmediato para prevenir que la situación degenere en una catástrofe para los Derechos Humanos».
MEDIDAS XENÓFOBAS
Byrne también ha denunciado que «muchos gobiernos» han optado por aplicar políticas discriminatorias y racistas, como en el caso, ha señalado, de las autoridades de Bosnia, al cortar el suministro de agua del campo de refugiados de Vucjuk, en la frontera norte con Croacia, «para forzar la reubicación de quienes viven en él».
AI ha criticado que la pandemia se haya convertido en la excusa de algunos países para «violar el Derecho internacional», obligando a las personas que huyen de la guerra y de los conflictos a regresar a las situaciones de peligro de las huyeron.
En ese sentido, han destacado el «programa oportunista» antimigración de Estados Unidos, con el que han rechazado en menos de un mes la entrada de 10.000 personas, después de que llegaran a territorio estadounidense.
Malasia, por ejemplo, cita AI, rechazó un barco de personas de la etnia rohingya que buscaban seguridad, y aunque Bangladesh le permitió al final atracar, al menos 30 personas murieron, según informes, en los dos meses en que el barco estuvo a la deriva.
CUARENTENA Y RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTOS
La ONG también ha lamentado que las medidas de restricción de movimientos y la cuarentena obligatoria decretada por los gobiernos para evitar la expansión de la enfermedad ha traído consigo que muchas de estas personas que malviven en campamentos de refugiados y centros de acogida no puedan salir a trabajar.
«La situación económica de muchas personas refugiadas es muy precaria, y las medidas de confinamiento y toque de queda hacen que les cueste más que nunca ganarse la vida», ha explicado.
Amnistía ha expuesto los casos del campo de Zaatari de Jordania, y el de los asentamientos improvisados de Calais, en el norte de Francia, cuyos habitantes no pueden salir a trabajar o conseguir alimentos sin que ello suponga violar la cuarentena o los toques de queda.
A su vez, han denunciado la escasez de medios y de equipos de protección en estos lugares, en donde no sólo se pone en riesgo a sus moradores, sino también a sus trabajadores, ayudando a que se produzcan nuevos brotes, contagios masivos y más muertes.
PROPUESTAS DE AI
Amnistía Internacional ha presentado a las autoridades y gobiernos una serie de medidas extraordinarias para aplicar durante la pandemia, como «la posibilidad de regularizar temporalmente» la situación de muchas de estas personas, para que puedan tener acceso a los servicios básicos de salud con plenas garantías.
A su vez, la ONG ha pedido colaboración para «los planes de alimento y los paquetes de estímulo económico y protección» de aquellas personas que solicitan asilo y refugio.
En ese sentido, AI pide «descongestionar los campos de acogida, los centros de detención de migrantes, los asentamientos informales» y a su vez «realojar a sus residentes en condiciones dignas», así como «dejar en libertad a las personas detenidas por motivos de inmigración si no puede garantizarse su derecho a la salud durante la detención».
«Los gobiernos no dejan de decir que esta pandemia afecta a todas las personas por igual. Si es así, deben redoblar sus esfuerzos por proteger a los millones de personas de todo el mundo que están sufriendo la pandemia lejos de sus hogares», ha afirmado Byrne.
«Cualquier gobierno que permita que las personas refugiadas mueran de hambre o sed durante el confinamiento habrá actuado terriblemente mal frente a esta crisis», ha sentenciado.
