CSIF ha anunciado este martes que llevará ante la Inspección de Trabajo la gestión del Ministerio de Justicia en el «irresponsable» inicio de la primera fase de la desescalada en el sector, que ha comenzado este martes con más presencia de trabajadores, y a pesar de la «evidente falta de medios de protección».
En un comunicado, ha lamentado una medida que supone la movilización de cerca de 22.000 funcionarios de Justicia en turnos rotatorios, lo que supone cerca del 40 por ciento del total, a pesar de que media España continúa todavía en la fase 0 de la desescalada.
Así, ha criticado la instrucción del Ministerio que establece «un sistema complejo» de asignación de porcentajes de incorporación en función del número de solicitudes de teletrabajo y de la fase en la que se encuentre la provincia de destino. «El resultado es que, en la mayor parte de las provincias, está acudiendo el 35 por ciento del personal con independencia de la fase en la que se encuentre la provincia de destino», ha explicado.
En la misma línea, ha indicado criticado el «elemento engañoso» introducido que equipara la plantilla efectiva y orgánica, es decir incluyendo las bajas y los permisos concedidos. «Esta trampa que obliga a muchos funcionarios a tener que acudir todos los días de forma presencial a los centros de trabajo incrementando así el riesgo para su salud», ha alegado CSIF.
Sobre este punto, ha indicado que, si efectivamente se va a considerar la plantilla orgánica, se deberían cubrir todas las vacantes y todas las bajas activándose las bolsas de interinos que llevan paradas desde que se inició el estado de alarma.
Todo ello agravado, según censura, con la publicación a medianoche de ayer de varias resoluciones de dotaciones presenciales en la citada instrucción que establecen que los turnos se harán diariamente, «por lo que es imposible saber cuántos y qué días un funcionario deberá ir a su puesto de trabajo».
En la misma línea, CSIF ha exigido que se clarifique la situación del personal con permisos concedidos para el cuidado de menores y de mayores dependientes ante el cierre de colegios y de centros de día, así como que se publiquen los criterios y la forma en la que se va a solicitar la acreditación de esta situación.
Finalmente, ha subrayado que el Ministerio de Justicia «no ha sido capaz de cumplir ni siquiera sus recomendaciones recogidas en el Anexo I de la Orden JUS 394/2020 de 8 de mayo donde se habla de la necesidad de realizar la evaluación de los puestos de trabajo con carácter previo a la incorporación del personal».
Por todo ello, ha recordado la necesidad de realizar test de detección, se asegure una provisión efectiva de medios de protección a todo el personal que se reincorpore y que incluya mascarillas, geles, mamparas y toallas de papel, y que se realicen evaluaciones de riesgo de los puestos de trabajo.
