El Gobierno refuerza la lucha contra el fraude y abre la puerta a un impuesto para los ricos

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El Gobierno refuerza la lucha contra el fraude y abre la puerta a un impuesto para los ricos

“No puede haber justicia social sin justicia fiscal”, señala la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

María Jesús Montero

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un proyecto de ley para modificar la Ley general tributaria y hacer la trasposición de la directiva europea conocida como DAC-6, según ha anunciado hoy la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que ha valorado que “no puede haber justicia social sin justicia fiscal”.

Montero ha explicado que se trata de una “norma comunitaria que establece la obligación de declarar las operaciones que se puedan considerar como planificación fiscal agresiva y que se producen en el ámbito internacional”.

La lucha contra el fraude y la elusión fiscal “siempre ha sido una prioridad”, ha explicado la ministra, y “en un momento como el actual es, si cabe, más importante”. “Es más necesario que nunca proteger a nuestro sistema tributario de prácticas ilegales o abusivas que lo debiliten o le impidan tener los recursos necesarios” y sobre todo de operaciones que sean “injustas para aquellos que contribuyen”. “No puede haber justicia social sin justicia fiscal”, ha insistido.

“Este gobierno tiene una clara vocación de que durante la legislatura se desarrolle una fiscalidad justa y progresiva en la que los que más tienen más aporten”, ha añadido además Montero, y “todos recibamos en función de nuestras necesidades”.

En lo que se refiere a la “fiscalidad dirigida a la riqueza”, la titular de Hacienda ha valorado que se puede hacer por de diferentes fórmulas, “desde la revisión de las figuras fiscales que hay ahora”, o a través de otros instrumentos. “Pero lo importante no es el instrumento en sí, sino la voluntad de que aquellos que más ganan puedan aportar más”.

“El impuesto de sociedades es un ejemplo”, ha explicado Montero, que ha criticado que actualmente la mediana y pequeña empresa aporta más a las arcas públicas que las grandes empresas. “Esta situación hay que revisarla”. La intención del Ejecutivo es imponer un mínimo del 15% en este gravamen, ha recordado Montero.

El Consejo de ministros ha aprobado hoy además la prórroga hasta el día 30 de junio de los expedientes de regulación de empleo (ERTE) por fuerza mayor, tras el acuerdo firmado ayer con sindicatos y empresarios. La ministra ha valorado que “la sociedad en su conjunto está a la altura del desafío al que nos enfrentamos” y ha pedido a los agentes sociales “que sigan colaborando en el diálogo”.

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