El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha abierto a información pública el borrador del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, que incluye 81 líneas de acción en 18 ámbitos de trabajo, con 27 indicadores de cumplimiento para acometer una estrategia que obligará a modificar la legislación española en distintos ámbitos.
El objetivo, según la ministra Teresa Ribera, es recoger todos los comentarios, de quienes estén interesados en la «trascendencia que tiene construir un país, una economía y una sociedad resilientes a los efectos del cambio climático», porque clima, naturaleza y biodiversidad, están «estrechamente conectadas».
El plan, con un marco temporal 2021-2030, aspira a estar aprobado a final de este año y forma parte del marco estratégico de energía y clima, un conjunto de instrumentos, entre los que destacan, el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia a largo plazo para una economía moderna, competitiva y climáticamente neutra en 2050, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y la Estrategia de Transición Justa.
Según el borrador, se definen 38 recomendaciones en 18 ámbitos de actuación, como salud, agua, turismo, costas, ciudades y urbanismo, biodiversidad y el ámbito forestal, así como agricultura o la pesca, movilidad, el turismo, las aseguradoras, la industria, la educación o la paz y la seguridad.
Las actuaciones buscan minimizar los efectos del cambio climático por ejemplo a la economía, a los servicios ecosistémicos o su impacto en las desigualdades sociales.
El PNACC 2021-2030 estará coordinado por la Oficina Española de
Cambio Climático (OECC), aunque se establecerán varios foros específicos de carácter estable, como el Grupo de Trabajo de Impactos y Adaptación (GTIA), un foro de intercambio técnico que reúne departamentos de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas para coordinar e integrar las diferentes estrategias y planes de adaptación al cambio climático que a nivel nacional y autonómico se desarrollen en España.
Se creará el Grupo Asesor de Iniciativas de adaptación (GAIA) que tratará de facilitar asesoramiento y en el que participarán personas del sector académico, ONG, sector público y empresas que harán recomendaciones para el avance del PNACC.
Una vez aprobado, las acciones se concretarán con políticas sectoriales y se integrarán en la normativa que regula cada actividad. De este modo, el PNACC afectará a normativas como el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación, la Estrategia Forestal Española; la Estrategia para la Protección de la Costa Española; la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030.
Además, también afectará a la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027; la Estrategia frente al Reto Demográfico; la Estrategia Española de Economía Circular; el Plan Estratégico de España para la Política Agraria Común 2021-2027; el Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente; el Plan Nacional de Acción de Finanzas Sostenibles; el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad 2021-2025; el Plan Estratégico de Educación y Estilos de Vida Saludables 2021-2025.
Asimismo, deberán incorporar, mantener o reforzar, el componente adaptativo en futuras actualizaciones del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud, del Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y de las Estrategias Marinas, del Plan Forestal Español o del Plan Nacional de Regadíos.
En la misma línea, también plantea incorporar algunas normas con rango de Ley que se están preparando en la actualidad, como la Ley de Residuos, la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público o la Ley de Industriay Estrategia Industrial y, por ende, algunas otras normas existentes podrían requerir modificaciones para reforzar la adaptación. Ese es el caso de la Ley de aguas o la Ley de Evaluación Ambiental.
SALIR DE LA CRISIS ECONÓMICA DE «FORMA SÓLIDA»
Ribera ha admitido que la situación actual es «extraña» y que España vive un momento «doloroso» pero en el que también se está descubriendo la «dificultad» de vivir en un «mucho más pequeñito, interdependiente e interconectado y la necesidad de responder sobre la base de lo que dice la ciencia, pero también sobre la base de la solidaridad y el esfuerzo y el apoyo de la cooperación multilateral».
En este contexto, ha destacado que la salud, la economía, los sectores productivos, las infraestructuras y espacios comunes en las ciudades dependen «enormemente» del estado del clima. Por ello, ve necesario planificar el modo de construir resiliencia frente a los impactos del cambio climático, con capacidad de anticipación, para identificar las mejores orientaciones para construir una economía sólida y una sociedad inclusiva.
Así, aunque ha admitido que «probablemente» queda «todavía un tiempo por delante de reconstrucción nacional», quiere que esa reconstrucción sirva «a todos» y esté orientada en el futuro y en las necesidades de los niños, los jóvenes y las generaciones que estén por venir.
81 LÍNEAS DE ACCIÓN
La Estrategia plantea distintas líneas de acción. En materia de salud, por ejemplo se fomentarán actuaciones de prevención ante los riesgos derivados del exceso de temperaturas sobre la salud así como derivados de enfermedades vectoriales favorecidas por el cambio del clima; identificar la incidencia del cambio climático en la calidad del aire. En el ámbito de biodiversidad, plantea medidas para reducir el estrés sobre especies y ecosistemas para facilitar su adaptación y reforzar los corredores ecológicos para favorecer las respuestas de adaptación de las especies y actuaciones para prevenir los riesgos de especies invasoras.
También, se promoverá la adaptación de la agricultura y la ganadería que se adaptará para ajustar los recursos hídricos disponibles y también se tratarán de mitigar los riesgos para la seguridad alimentaria.
En las costas, el Plan incluye medidas para estabilizar y proteger la línea de costa y se fomentará la toma en consideración de los riegos asociados al clima en la planificación territorial, de infraestructuras, urbanística en zonas de costa y se incorporarán los criterios de adaptación a la planificación de las áreas marinas protegidas.
Igualmente, las ciudades y la edificación incorporarán criterios de adaptación y se identificarán los elementos del patrimonio cultural español más vulnerable al cambio climático para definir posibles estrategias para conservar este patrimonio. Del mismo modo, se fomentará el turismo cultural adaptado al cambio climático y bajo en carbono.
En cuanto a las infraestructuras, el borrador plantea revisar los protocolos de prevención, mantenimiento y vigilancia de las
infraestructuras de transporte considerando los riesgos del cambio climático.
El turismo también será susceptible de incorporar los criterios de adaptación, que se incluirá en la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030 y se buscará proteger los destinos y los recursos turísticos para fomentar la resiliencia de infraestructuras y equipamientos de uso turísticos. En esa línea se definirán modelos de turismo sostenibles al tiempo que se propone estimular la oferta y la demanda para crear una oferta turística con baja huella de carbono.
Todo ello se acometerá no solo con financiación pública sino con privada. Para ello, se rediseñará el marco fiscal porque el Gobierno ve que el sector privado cuenta con un gran potencial para contribuir a este objetivo tanto en sus propias empresas, como por la aportación de recursos a terceras partes. De ese modo, se promoverán incentivos para movilizar los flujos de financiación privada.
