China e Irán encabezan la lista negra de la pena de muerte que elabora anualmente Amnistía Internacional y que, pese a reflejar un descenso del 5 por ciento en la cifra de ejecuciones –hasta niveles de hace una década–, constata de nuevo un aumento en países como Arabia Saudí, que cerró el año 2019 con la inédita cifra de 189 casos.
Una veintena de países concentran todas las ejecuciones conocidas en el mundo: al menos 657, sin tener en cuenta las que sumaría China. El dato refleja un descenso con respecto a las 690 documentadas por Amnistía Internacional en 2018, según un informe difundido este martes.
La ONG estima en «miles» la cifra de ejecutados en China, donde el régimen mantiene en secreto la cifra de ejecuciones, en el ejemplo más claro de las medidas de control de la información que también se hacen palpables en otros países del continente asiático como Corea del Norte y Vietnam.
Irán figura en segunda posición con al menos 251 ejecuciones, aunque no se descarta que el dato real sea «mucho mayor». Al menos cuatro de los fallecidos tenían menos de 18 años en el momento de cometer el delito, como el caso de dos jóvenes detenidos por violación cuando tenían 15 años y que, además de sufrir torturas, no supieron siquiera que habían sido condenados a muerte.
La lista de la ONG prosigue con Arabia Saudí, que ha pasado en un año de matar a 149 personas a al menos 184: en su mayoría hombres (178) y la mitad ciudadanos extranjeros.
A nivel global, la mayoría de las penas de muerte se han aplicado como castigos por delitos relacionados con las drogas y por asesinatos, pero Amnistía también ha documentado su uso como arma contra la minoría chií en el caso de Arabia Saudí. El 23 de abril de 2019, las autoridades del reino ejecutaron a 37 personas, entre ellas 32 chiíes condenados por terrorismo a pesar de que sus confesiones supuestamente fueron obtenidas bajo tortura.
Irak, por su parte, duplicó en 2019 el número de ejecuciones y suma «al menos 100», en gran medida porque los jueces han dictado penas de muerte contra personas sospechosas de pertenecer al grupo terrorista Estado Islámico, según Amnistía Internacional.
Egipto, con al menos 32 ejecuciones, ocupa el quinto lugar de la lista, seguido de Estados Unidos, que con 22 volvió a ser el único verdugo de toda la región de las Américas. Les siguen Pakistán (14), Somalia (12), Sudán del Sur (11) y Yemen (7), en estos dos últimos casos con significativos aumentos.
Japón y Singapur, en cambio, han reducido de forma considerable el número de ejecuciones al pasar de 15 a tres y de 13 a cuatro, respectivamente, mientras que en Afganistán no se registraron casos por primera vez desde 2010.
UN CASTIGO «INHUMANO»
La directora general de Investigación, Trabajo de Incidencia y Política de Amnistía, Clare Algar, ha tachado de «aberrante e inhumano» el uso de la pena de muerte como castigo, recordando que no existen pruebas convincentes de que sea más eficaz que las penas de prisión», como han constatado ya «la inmensa mayoría» de los países.
«Incluso a los países que con más firmeza defienden la pena capital les cuesta justificar su uso y optan por el secretismo», ha añadido la responsable de Amnistía en un comunicado. Además, «muchos de ellos se esfuerzan por ocultar cómo utilizan la pena de muerte porque saben que no resistiría el escrutinio internacional».
Frente a la tendencia global «un número reducido de países desafió la tendencia mundial hacia la reducción de la pena capital y recurrió cada vez más a las ejecuciones», ha lamentado Algar, que ha considerado «una alarmante novedad» el uso que hace Arabia Saudí de este castigo para perseguir a la disidencia.
HACIA LA ABOLICIÓN
Amnistía también considera preocupantes los intentos de Filipinas para reintroducir la pena de muerte para delitos de drogas y corrupción, los esfuerzos de Sri Lanka de reanudar las ejecuciones tras más de 40 años y la amenaza del Gobierno federal de Estados Unidos de retomarlas tras un ‘impasse’ de casi dos décadas.
Sin embargo, un total de 106 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y 142 países han renunciado a ella, bien en la ley o en la práctica. «Tenemos que mantener el impulso en favor de la abolición de la pena de muerte», ha resaltado Algar.
«Instamos a todos los países a abolir la pena de muerte. Es necesario que se ejerza presión internacional sobre los últimos verdugos del mundo para acabar definitivamente con esta práctica inhumana», ha remachado.
