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El Banco de España estima 4,6 millones de afectados por ERTE o cese de actividad

Banco de España
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Banco de España (Foto: Jaime Pozas)

El coste para las arcas públicas será de 6.000 millones de euros, según el Banco de España.

lunes 20 de abril de 2020, 11:35h

El Banco de España estima que con una duración del estado de alarma de ocho semanas la cifra de españoles afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)será de 3,1 millones, que se sumarán a unos 900.000 por las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos y otros 600.000 por las prestaciones por desempleo de trabajadores temporales, con un total de 4,6 millones de afectados, lo que comportará un coste conjunto para las arcas públicas de 6.000 millones de euros, el 70% por mayor subsidio de desempleo y el 30% en menores cotizaciones a la Seguridad Social.

Además, calcula un importe de hasta 22.800 millones derivado de la moratoria de deudas tributarias y otros 3.500 millones la cuantía por el aplazamiento de los pagos impositivos al 20 de mayo.

Este es el cálculo que realiza el organismo supervisor en su artículo analítico 'Escenarios macroeconómicos de referencia para la economía española tras el Covid-19', publicado este lunes, en el que, en función de distintos escenarios dependiendo de la duración, prevé una caída del PIB de entre un 6,6% y un 13,6%, un déficit de entre el 7% y el 11% y una tasa de paro de entre el 18,3% y un 21,7%.

El organismo explica que las actuaciones implementadas por el Gobierno para paliar la crisis del Covid-19 se centran en tres ámbitos: el reforzamiento del sistema sanitario, la protección del empleo y el apoyo a los hogares vulnerables, y la provisión de liquidez a las empresas.

De estas tres áreas, señala que la única que tiene un coste presupuestario "bien definido" es el aumento del consumo público relacionado con el incremento del gasto sanitario, que engloba partidas por 4.400 millones de euros (el 0,4% del PIB de 2019).

Esta cantidad incorpora 2.800 millones de euros destinados a las CCAA, 1.000 millones gestionados por el Ministerio de Sanidad, 30 millones para la investigación relacionada con la creación de una vacuna contra el virus y 600 millones para que las CCAA y las corporaciones locales puedan garantizar los servicios sanitarios de los más vulnerables.

Sobre el resto de las actuaciones contempladas apunta que tendrán un impacto "potencialmente elevado" sobre el déficit público de 2020, pero "de magnitud todavía incierta".

Así, señala que las medidas de apoyo al empleo y a las rentas de hogares vulnerables incluyen una flexibilización de los expedientes de suspensión temporal de empleo y reducción de jornada (ERTE) y la exoneración de las correspondientes cuotas de la Seguridad Social, un subsidio especial de desempleo para trabajadores temporales y del régimen especial de empleo doméstico y, por último, la facilitación del acceso a la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

La vigencia de la mayor parte de estas medidas coincide con la duración del estado de alarma anunciado hasta el momento por el Gobierno (8 semanas), pero el Banco de España calcula que el coste es un 50% mayor en el escenario 3 (en el que el período de confinamiento es de doce semanas) que en los escenarios 1 y 2 (en los que se asume que el confinamiento termina cuatro semanas antes).

Por lo demás, indica que el coste depende de la cuantificación del número de personas que, dentro de cada uno de los colectivos afectados por las medidas, se acogerán a ellas, aunque sus simulaciones apuntan a 4,6 millones de afectados en un estado de alarma de dos meses (3,1 millones por ERTE, 900.000 por cese de actividad de autónomos y 600.000 por desempleo de temporales), con un coste de 6.000 millones de euros, el 70% por mayor subsidio de desempleo y el 30% en menores cotizaciones a la Seguridad Social.

El tercer ámbito "significativo" de las medidas aprobadas viene dado por las que están dirigidas a proveer de liquidez a empresas potencialmente viables, explica el Banco de España, lo que incluye la concesión de garantías públicas a préstamos de empresas privadas por un volumen de fondos de hasta 102.400 millones de euros, equivalentes al 8,2% del PIB de 2019.

Esta cifra resulta de sumar las correspondientes a las líneas de avales y créditos públicos para los préstamos de las empresas no financieras (100.000 millones de euros), para empresas exportadoras y pymes (2.000 millones de euros), y créditos del ICO para el sector turístico (400 millones).

"El coste que finalmente tendrá para las finanzas públicas esta medida está sometido a una elevada incertidumbre", subraya el Banco de España, que cree que dependerá de la profundidad de la caída de la actividad de su impacto sobre la capacidad de las empresas para devolver los créditos, cuya incidencia, además, será "con toda probabilidad muy distinta por sectores".

Por otro lado, señala que ha sido aprobada una moratoria de deudas tributarias por un período de seis meses para pymes y autónomos por un importe de hasta 22.800 millones de euros, así como el aplazamiento de todos los pagos impositivos de las empresas hasta el 20 de mayo por una cuantía de 3.500 millones de euros.

Por último, el Banco de España explica que en la construcción de los escenarios se ha tenido en cuenta, sobre la base de la experiencia de la pasada recesión, que cabe esperar que las elasticidades de la recaudación de las distintas figuras impositivas al comportamiento de sus respectivas bases se acreciente "significativamente" ante "una contracción de la actividad tan intensa como la que se espera en 2020".

En concreto, el retroceso de la recaudación por IVA e impuesto sobre Sociedades en 2008-2009 superó en torno a un 50% el que cabía esperar según las elasticidades históricas.

Para 2021, las previsiones se apoyan en los supuestos técnicos habituales, por lo que supone que las partidas sujetas a una mayor discrecionalidad, entre las que destacan por su tamaño las compras o la inversión pública, evolucionarán en línea con el crecimiento potencial nominal.

Además, se asume que la trayectoria de las restantes partidas que componen las cuentas de las administraciones públicas vendrá definida, en ausencia de medidas adicionales, por sus determinantes habituales, lo que, en particular, implica que los ingresos impositivos vuelvan a crecer en línea con sus bases.

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