O estás al corriente de pago o no te puedes beneficiar de la moratoria del alquiler. Así se podría resumir la carta que Encasa Cibeles, filial de Goldman Sachs, que gestiona los pisos del Ivima, ha enviado a los inquilinos de varios edificios de la Comunidad de Madrid. Una misiva en la que les comunica que solo podrán acogerse a esta medida decretada por el Gobierno aquellos que estén “al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales”. El resto, no. Algo que, según los afectados por la venta de estas viviendas sociales, podría ser ilegal.
Este colectivo asegura que Encasa Cibeles puede haber incurrido en un “claro delito”, al hacer una “interpretación abusiva” del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19.
La FRAVM, la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima (AVVI) y sus abogados han enviado este viernes una carta a la filial de Goldman Sachs en la que responde que el mencionado Real Decreto-Ley “no establece de ningún modo que sólo las personas al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales puedan disfrutar de las ayudas que establece el mismo”. “Por tanto”, afirman, “entendemos que su comunicación puede incurrir en delito”.
Previamente, la FRAVM y AVVII agradecen a Encasa Cibeles “su interés por nuestra situación personal y económica, pero sentimos decirles que sus buenos deseos llegan bastante tarde”. “Especialmente para aquellas familias a las que, a lo largo de estos ya casi siete años, ustedes han denunciado por diversos motivos como teóricas finalizaciones de contrato o impagos, así como a quienes consiguieron expulsar de sus legítimas viviendas, ya fuera desahuciándolas o por la imposición de condiciones inasumibles”, recuerdan.
Asimismo, los afectados remarcan que “cualquier actuación respecto de las rentas” le corresponde a la Agencia de Vivienda Social, sucesora del Ivima, tras la decisión del Supremo sobre la nulidad de la venta de estas 3.000 viviendas.
Antes de concluir esta misiva, trasladan el siguiente mensaje: “Entendemos que su carta no es más que un lavado de cara, con el que pretenden aprovechar este momento tan delicado para las familias, con la intención de aparecer como propietarios legales, sensibles y comprometidos”. “Eso sí”, lo hacen, “obviando que hoy día deberían estar devolviendo las viviendas a la Comunidad de Madrid, con lo que podríamos recuperar nuestros derechos como legales adjudicatarios/as de las mismas, lo que sí sería una solución para nuestras familias”.
El pasado 2 de abril entró en vigor un Real Decreto que recogía una serie de ayudas para el pago del alquiler para personas vulnerables sin otra vivienda. En el caso de grandes tenedores (aquellos con más de 10 pisos) se establecieron dos opciones: una reducción de la mitad del alquiler o bien aplazamiento del pago de las rentas desde la siguiente mensualidad a la solicitud.
Estas medidas se mantendrán en el estado de alarma o el tiempo durante el que se prorrogue la situación de vulnerabilidad, sin superar los cuatro meses. En el caso de la moratoria, se realizará mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, siempre que esté vigente el contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.
