El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha insistido hoy que en que el ingreso mínimo vital que espera aprobar en breve el Ejecutivo “viene para quedarse”. Esta renta, que “complementará” a las que ya pagan algunas comunidades autónomas, podría alcanzar a un millón de familias, si bien Escrivá ha descartado poner fecha a su puesta en marcha.
En una entrevista concedida a El País, el ministro ha avisado de que el ingreso mínimo vital “va a ser estructural, permanente, viene para quedarse”, frente a iniciativas dentro del propio Gobierno “bien intencionadas que están planteando algo extraordinario”. “Nuestros trabajos preparatorios se refieren a cómo se identifican los hogares beneficiados, cómo se paga y cómo se despliega”, ha explicado Escrivá, que considera que “esos trabajos son exactamente los mismos que se necesitan tanto para una prestación extraordinaria como una permanente”.
El titular de Seguridad Social ha señalado que el Gobierno ya ha mantenido “conversaciones iniciales” con todas las comunidades para informarles del diseño de este ingreso y “no entra en conflicto con las que ellas otorgan”. “Las complementaremos hasta que el conjunto alcance un cierto nivel. Consideraremos niveles de renta muy bajos, pero también distintos tipos de situación familiar como el número de hijos o distintos tipos de familias, como las monoparentales”.
“Nuestra intención es que añada, no que sustituya ni duplique”, ha insistido, pero para ello “tenemos que tener claramente identificadas todas las rentas que reciben estos colectivos, que provienen de los programas autonómicos y otro tipo de ayudas. Estamos hablando de hogares, porque la unidad que vamos a proteger es el hogar, y esperamos llegar al millón, de los que 70.000 son familias monoparentales, que son uno de los focos peor atendidos hasta ahora”.
“Una característica importante”, añade el ministro, “es que debería ser compatible con una incorporación más plena al mercado de trabajo. Debe generar incentivos positivos para activarse. Queremos también que no solamente sea una renta, sino que esté asociada a itinerarios de inclusión, y no solo en el mercado de trabajo. Hay que pensar, por ejemplo, en quien tiene problemas de drogadicción o de acceso a la educación”.
Escrivá ha descartado dar una fecha. “Cuando tengamos todo bien aquilatado, lo presentaremos y lo pondremos en marcha”, señala. “Será algo novedoso que la Seguridad Social no ha ofrecido hasta ahora y que intentamos acelerar al máximo”.
