“¡Ya no hay excusas!”. Los afectados por la venta de viviendas al Ivima exigen a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que “deje de prolongar su inaceptable situación e inicie el proceso de recuperación de los inmuebles”, así como la “restitución” de sus derechos como beneficiarias de vivienda pública. Una petición que se produce después de que el Supremo haya tumbado un nuevo recurso del Gobierno regional al respecto.
“La Comunidad de Madrid debería poner fin a esta agonía, que durante siete años lleva haciendo la vida imposible a tantas familias necesitadas de vivienda social”, defiende Quique Villalobos, presidente de la federación de vecinos FRAVM, que reconoce que el Ejecutivo madrileño hará oídos sordos a esta petición. “Mucho nos tememos que no va a ser así, ya que este último recurso no era ni más ni menos que una argucia legal para saltar al Tribunal Constitucional y dilatar más aún esta barbaridad”, asegura.
La Sala Tercera del Tribunal Supremo desestimó este miércoles en una providencia el incidente de nulidad promovido por el Letrado de la Comunidad de Madrid contra el auto de la misma Sala, de 29 de noviembre de 2019, en la que anulaba la venta de casi 3.000 viviendas protegidas a un fondo buitre. “Un fuerte tirón de orejas al Ejecutivo de Ayuso al subrayar las múltiples ‘referencias a los terceros interesados’ como el fondo Encasa Cibeles que aparecen en la argumentación de su recurso”, apuntan los afectados por esta operación inmobiliaria.
“No es dable al Letrado de la Comunidad de Madrid erigirse en representante o defensor de los derechos de tales terceros interesados, pues es a éstos a quienes corresponde la defensa de sus derechos e intereses”, indica el Supremo, según este colectivo.
Para la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI) y la FRAVM es “inaceptable” que el Gobierno regional “se alce en defensora sin complejos de los intereses del fondo buitre en vez de velar por los intereses de las familias damnificadas”. De ahí que reclamen a Ayuso que se siente “ya a negociar con los afectados y con Goldman Sachs-Encasa Cibeles para recuperar” estas 3.000 viviendas públicas.
Aún quedan varios recursos judiciales por resolverse, pero “esto no quita”, aseguran, para que la Comunidad de Madrid pueda “actuar inmediatamente para restablecer los derechos” de estas familias.
