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Los hoteleros exigen al Gobierno ayudas económicas urgentes y facilitar los despidos temporales

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La patronal del sector pide aplazar pago a la Seguridad Social y Hacienda

miércoles 11 de marzo de 2020, 09:46h
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha pedido al Gobierno el aplazamiento de los pagos a la Seguridad Social por un periodo no inferior a tres meses, sin recargos ni intereses, a todo el sector hotelero ante la crisis del coronavirus. Además, para garantizar la liquidez de las empresas, ha solicitado también el aplazamiento en el pago de impuestos de carácter local, como el IBI, el IAE o las tasas municipales

En un comunicado, la patronal hotelera ha expresado su absoluto respaldo a las medidas adoptadas por las autoridades para intentar frenar el coronavirus, como la suspensión de los viajes del Imserso, pero exige al Estado un paquete de medidas urgentes que permitan paliar los escenarios negativos que se están produciendo desde el comienzo de la crisis.

Así, la CEHAT apunta también que en un momento de incertidumbre como el actual no procede el planteamiento de nuevas figuras fiscales, tales como el anunciado impuesto sobre el combustible para el transporte aéreo, con repercusión directa sobre el sector turístico, y ve urgente que se aplacen por un periodo superior a un año las denominadas tasas turísticas de ámbito local o regional.

Otra de las medidas que los hoteleros proponen al Gobierno es que habilite una línea extraordinaria de financiación a través del ICO con créditos blandos para superar situaciones de tensiones de liquidez, especialmente para aquellos establecimientos que han invertido en su mejora de cara a la temporada de Semana Santa.

Por otra parte, como medidas para proteger el empleo en todo el sector, se propone una agilización en la tramitación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), y que se contemple todas las modalidades contractuales, no solo los fijos discontinuos; facilidad en el descuelgue de incrementos salariales recogidos en los convenios colectivos y que el coste de la tramitación de las bajas laborales motivadas por la afección de COVID-19 sea asumido por el Estado, debido a la excepcionalidad de la situación.

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