El Defensor del Pueblo ha pedido al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que estudie la posibilidad de establecer un sistema extrajudicial al que puedan acudir los afectados por el Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios (IRPH) tras la decisión de la Justicia europea.
Según recuerda la institución que encabeza Francisco Fernández Marugán, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que este índice “es susceptible de ser considerado abusivo y, por tanto, anulado por parte de los jueces nacionales”. Por ello, considera que una solución extrajudicial “evitaría que numerosos afectados acudan a los tribunales para el reintegro de las cantidades pagadas indebidamente y la sustitución por otro índice más favorable”.
De esta manera, el Defensor, expone en un comunicado, cree que un mecanismo extrajudicial “podría evitar, por un lado, el colapso de los tribunales de justicia ante la previsible oleada de reclamaciones y, por otro, beneficiar también a aquellos ciudadanos que no se pueden permitir acudir a la vía judicial para reclamar la anulación del IRPH”.
Tal y como explica la institución en un escrito enviado a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa en el marco de una actuación de oficio, “a pesar de que no existen datos oficiales sobre los préstamos hipotecarios que están referenciados al IRPH, la cifra de afectados podría situarse en torno al millón, según diversas fuentes”.
No es la primera vez que el Defensor del Pueblo se dirige a la Administración por los problemas generados por el IRPH. Ya lo hizo en octubre de 2017, cuando recomendó al Gobierno eliminar esta herramienta como índice oficial de referencia para tipos de interés convenidos en el marco de préstamos hipotecarios de viviendas de protección oficial.
La institución de Fernández Marugán, que ha recibido más de 200 quejas de afectados por el IRPH, propuso entonces que dicho índice se sustituyera por el Euríbor u otro índice oficial, para corregir los efectos de cláusulas potencialmente abusivas. Esta recomendación fue rechazada.
