El Sindicato de Enfermería (Satse) ha pedido a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid “celeridad” a la hora de sustituir al personal sanitario de baja, ya que este colectivo advierte de que “no es descartable” que en el SERMAS ocurra como el País Vasco, donde ya hay un centenar de profesionales en aislamiento preventivo obligatorio por el coronavirus.
Ahora, explica Satse Madrid, el proceso de contratación se extiende “en demasía”. En concreto, este sindicato detalla que “hay ocasiones que transcurren 21 días desde que un profesional de Enfermería causa baja en su trabajo hasta que se incorpora otro nuevo para sustituirle”. En estos casos son las enfermeras del propio Servicio, Unidad o Centro de Salud las que han de suplir su falta, quedándose sin poder librar o, en el peor de los casos, haciendo jornadas más extensas.
“No es un caso hipotético. Ya ha ocurrido en el País Vasco, donde han tenido que hacer una convocatoria urgente para cubrir las bajas que se han producido entre el personal sanitario, por aislamiento obligatorio. Mejor es hacerlo antes de que se produzcan las bajas que tener que improvisar”, defienden desde Satse, que reconoce que un proceso selectivo no sería necesario en nuestra Comunidad ya que existe una Bolsa de Empleo Temporal de Enfermería en funcionamiento.
“Lo que sí sería prioritario es una mayor celeridad a la hora de contratar. Hay mecanismos para hacerlo pero debe haber voluntad política para implementarlos. No sería justo sobrecargar a las enfermeras por ahorrarse una cantidad económica insignificante en contrataciones mientras los usuarios sufren las consecuencias de la falta de enfermeras en determinados hospitales o centros de salud”, asegura este sindicato.
Por otro lado, la Enfermería ha registrado esta mañana un escrito ante la Consejería de Trabajo en la que se solicita, ante posibles aislamientos preventivos, que se aplique la Incapacidad Temporal por contingencias profesionales, bien como accidente de trabajo o enfermedad profesional.
De esta forma, el trabajador afectado percibiría el 100% de sus retribuciones por lo que la merma económica sería inexistente.
