El anuncio de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de fijar como una prioridad de su departamento la lucha contra el uso de ‘falsos autónomos’ ha devuelto esta semana cierta atención mediática el debate sobre la figura del denominado ‘autónomo digital’, que hay quien apuesta por regular específicamente. Vayamos por partes.
En primer lugar, cabe recordar que el fenómeno de los falsos autónomos se ha generalizado en España en los últimos años como resultado de la confluencia de dos factores fundamentales: de un lado, las políticas regresivas de los gobiernos del Partido Popular, que, con la reforma laboral de 2012 como clímax, han precarizado el mercado de trabajo y facilitado la ‘externalización’ de costes laborales para el empleador; y, por otro lado, la fuerte irrupción e implantación de las llamadas plataformas digitales, esas empresas tan modernas que todos conocemos, que venden ‘soluciones online’ en sectores como la comida a domicilio, la mensajería, el transporte de viajeros o los alojamientos turísticos, con modelos de negocio que aportan poco o ningún valor productivo al tejido económico real, que hacen un uso opaco de los suculentos datos, y que suelen ser dadas a la ingeniería fiscal para escurrir sus obligaciones con nuestros servicios públicos.
No se puede terminar de entender esta combinación sin la cultura de la innovación exitosa que nos han venido vendiendo. Uber, Glovo, Deliveroo o Airbnb suelen asociarse al relato épico de la ‘startup’ que crece gracias al esfuerzo ingente de sus modestos emprendedores, y a su apuesta por la economía colaborativa, y pretenden disfrazar así su carácter especulativo, que nada tiene que ver con la verdadera cultura del emprendimiento y con la realidad de la mayoría de quienes sacan adelante sus pequeñas y medianas empresas.
Los falsos autónomos son trabajadores que, como imposición de la empresa para la que trabajan, se dan de alta como trabajadores por cuenta propia, y tienen una relación mercantil con dicha compañía en lugar de laboral, a pesar de que impere una exclusividad –sea explícita o tácita- y de que la organización del trabajo y las condiciones materiales del mismo sean decisión de dicha empresa. Es decir: a pesar de que esa “autonomía” del trabajador en realidad no exista. Se trata de un uso fraudulento del autoempleo por el que la compañía se desentiende de sus obligaciones como empleadora –empezando por las cotizaciones de ese trabajador a la Seguridad Social-.
Esta figura del falso autónomo afecta a cada vez más sectores profesionales y no es exclusiva de las plataformas digitales, pero es en ellas donde alcanza una dimensión más flagrante, porque la flexibilidad y conectividad que dan las nuevas tecnologías la favorece. Y es en ese contexto en el que ha empezado a acuñarse otro concepto, el de ‘autónomo digital’, que sería aquel trabajador por cuenta propia que tiene integradas las nuevas soluciones tecnológicas como base fundamental de su trabajo. Esto englobaría, nos dicen, desde a un repartidor de comida a domicilio a través de una app, hasta a una abogada, una diseñadora gráfica o un contable que ofrecen sus servicios online.
Sin embargo, una regulación específica genera importantes dudas. El colectivo de trabajadores y trabajadoras autónomas –que alcanza los 3,2 millones de trabajadores en nuestro país- tiene una situación de desprotección y falta de derechos estructural que merece ser atendida y resuelta. La injusticia e insuficiencia de un sistema de cotización en el que paga la misma cuota quien ingresa poco y quien ingresa mucho, o la precariedad de las pensiones y prestaciones sociales, son problemas comunes tanto para los autónomos digitales como para, permítanme la ironía, los ‘analógicos’.
Por otro lado, la digitalización de nuestra economía es imparable: en un mundo global en el que internet es ya lo que vertebra muchas de nuestras relaciones sociales, contactos profesionales y transacciones económicas, ¿dónde ponemos el límite de lo que es digital y lo que no lo es?
Definir una regulación específica del autónomo digital no es la respuesta que necesitan y merecen los riders y otros falsos autónomos. Muy al contrario, hacerles un traje ‘ad hoc’ supondría darle legitimidad a la explotación extrema de unos trabajadores que deben ser reconocidos, sencillamente, como asalariados. Es decir, blanquear el abuso que perpetran las plataformas digitales. Frente a ello, hay que clarificar la ley y reforzar la Inspección de Trabajo. Por esa línea parece que es por la que apuestan el nuevo gobierno y la ministra Yolanda Día, que ha sido clara en cuanto al portazo a la regulación del autónomo digital. Falta conocer los términos concretos en que el gobierno traducirá estos compromisos.
Y, para quienes verdaderamente son trabajadores por cuenta propia, lo que hace falta es resolver la vulnerabilidad a la que se enfrentan cada día. Ampliar derechos, mejorar la protección, dignificar con coberturas sociales su aportación decisiva a la economía española. Eso hará, además, que a los buitres digitales no les salga tan barato defraudar con la figura del autónomo.
María José Landaburu, abogada y secretaria general de la unión de autónomos UATAE
