La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se acerca al ecuador de su esperanza de vida todavía lejos de los objetivos que se plantearon cuando el Gobierno de Mariano Rajoy la puso en marcha dentro de las medidas destinadas a sanear a las antiguas cajas de ahorros.
Así lo pone de manifiesto la Comisión Europea en su último informe sobre España, en el que avisa que deberá supervisarse “de cerca” la nueva estrategia puesta en marcha por el ‘banco malo’ ante los riesgos que plantea.
“La recuperación de activos por parte de la empresa de gestión de activos Sareb está avanzando, pero a un ritmo lento”, apunta el Ejecutivo comunitario, que destaca que después de un 43% de la vida útil prevista (desde su creación en 2013 y hasta 2027, cuando se supone que se liquidará), se han vendido el 34% de los activos y se ha reembolsado el 30% de la deuda principal.
No obstante, “las ventas se han ralentizado recientemente, en parte debido a la moderación de la actividad del mercado inmobiliario, pero también a la nueva estrategia de la Sareb, encaminada a recuperar los colaterales inmobiliarios con capacidad interna en lugar de vender los préstamos improductivos”. “Es posible que la nueva estrategia acabe produciendo valores de recuperación más elevados”, reconocen los autores del informe, “pero su aplicación tendrá que ser supervisada de cerca, ya que podría entrañar altos costes operativos y plantear riesgos para la materialización de las recuperaciones previstas durante su vida útil”.
El año pasado la sociedad que preside Jaime Echegoyen anunció un cambio en la estrategia de negocio, con el objetivo de acelerar la transformación de préstamos de promotores inmobiliarios en inmuebles, activos que son mucho más líquidos.
Esta estrategia de transformación se enmarca en la apuesta por mantener y maximizar el valor de los activos bajo gestión, por un lado, y de limitar las pérdidas que procedan de la venta institucional de préstamos, por el otro, ya que el contexto de mercado se sitúa en un momento en el que los descuentos exigidos en estas operaciones no permiten proteger el valor de la cartera que gestiona la compañía.
