La Fiscalía de Barcelona se ha querellado contra el responsable de la Oficina del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y contra la secretaria general de Presidencia, Meritxell Massó, por presunto delito continuado de malversación de caudales públicos y de prevaricación administrativa. La querella, recogida por Europa Press, que ha recaído en el Juzgado de Instrucción 28 de Barcelona, se dirige contra Alay y Massó por los gastos de un viaje del 30 de octubre al 6 de noviembre de 2018 para hacer de observador en el referéndum de Nueva Caledonia, por más de 4.000 euros.
También se recoge en la querella los gastos de los peajes de autopista del trayecto a la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), de 3 de septiembre de 2018, y considera que «a la vista de las funciones y actividades que el querellado tiene encomendadas, no existe razón alguna que justifique el pago con cargo a la partida presupuestaria ‘Oficina del expresidente» de estos dos conceptos.
