Madrid, Barcelona y San Sebastián. La revuelta de los inquilinos se extiende contra los fondos buitre, que ponen en jaque a cientos de familias con sus subidas “salvajes” en los precios de los alquileres. En el centro de la diana de esta revuelta están fondos, como Azora, uno de los mayores caseros de España, al que reprochan sus cláusulas “abusivas y fraudulentas”.
El mercado del alquiler se ha convertido en un auténtico nicho de negocio para los fondos buitre, que alimentan una nueva ‘burbuja’ inmobiliaria en la que los precios están a un paso de ser prohibitivos para gran parte de las personas. Una situación que está siendo respondida por colectivos de inquilinos, como se está poniendo de manifiesto en localidades como Badalona, Hospitalet de Llobregat, Terrassa y Barcelona, donde 232 familias se han alzado contra Azora.
Cinco comunidades de vecinos, así como otras tres fincas de este fondo en la Comunidad de Madrid, están plantando cara a Azora, a la que acusan de tomarles el pelo “con cláusulas abusivas y fraudulentas”. Según el Sindicato de Inquilinos de Barcelona, impone unas condiciones para renovar los contratos que incluyen, por ejemplo, “incrementos de hasta el 100% del precio del alquiler”. De esta manera, hay familias a las que se les piden pasar de 600 euros a 1.000.
Además, Azora aplica subidas interanuales dentro de los contratos, a pesar de estar prohibidas, y que se asuman el mantenimiento y las reparaciones de la vivienda, o el pago de un seguro anual del piso, así como el coste del IBI. Ante esto, el próximo uno de marzo se ha convocado una manifestación por las calles de Badalona por una “regulación del precio del alquiler ya” y la renovación autonómica de sus contratos.
Esta situación puede repetirse en San Sebastián. Hace apenas unos días se conoció que este fondo buitre adquiría Inmobiliaria Vascongadas, encendiendo todas las alarmas en los inquilinos de los 300 pisos y locales en alquiler que ya tienen nuevo casero. Las informaciones procedentes de Cataluña no tranquilizan y los primeros movimientos ya se han producido.
Colectivos como Stop Desahucios ya han advertido sobre las prácticas de los fondos buitre y han exigido a las instituciones que se pongan manos a la obra para evitar que cientos de familias se vean obligadas a buscarse otro techo bajo el que vivir.
De todo esto saben, y mucho, en la Comunidad de Madrid. Tras varios años de lucha el pasado mes de diciembre el Supremo inadmitió los recursos presentados por el Gobierno regional y la propia Azora-Encasa Cibeles contra la nulidad de la venta de casi 3.000 viviendas sociales del Ivima a este fondo buitre. Una alegría para cientos de familias que no duró mucho.
Lejos de admitir la derrota el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso hace apenas un mes recurrió la anulación de esta venta, provocando la indignación entre los afectados. “En vez de atender la demanda” de las familias damnificadas, el Gobierno madrileño “ha decidido prolongar su sufrimiento, asegurando que, si ese tribunal no admite el nuevo recurso, solicitarán amparo al Constitucional”.
Así lo manifestaron desde la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima (AVVI) en un comunicado en el criticaron la “falta de humanidad” de la Comunidad al dar este paso, que, en su opinión, pone de manifiesto que “ustedes gobiernan para los fondos buitre, esos sí son buenos madrileños”. “Señora Ayuso, dicen que gobiernan para todos los madrileños, debe ser que nosotros no lo somos. Vendieron las casas que el Ivima nos había adjudicado, valorando más el dinero que las vidas de las personas que estaban dentro”, lamentó este colectivo, que espera de nuevo una decisión judicial.
