La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha señalado este jueves que el Gobierno aprobará «próximamente» una orden ministerial para evitar la existencia de deudas perpetuas en el crédito al consumo, para favorecer el acceso a la información del cliente sobre los ‘créditos revolving’, y medidas para mejorar la responsabilidad de las entidades para evaluar la solvencia de los clientes. Además, ha indicado que la creación de la Autoridad de Protección del Cliente financiero «llevará un tiempo».
Durante su primera intervención en la comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el Congreso para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento, Calviño ha afirmado que en el ámbito de la política económica hay un programa de trabajo «muy ambicioso», con una parte que requerirá trabajo en el año en curso y otra que está «muy avanzada», como la orden para evitar deudas perpetuas en el crédito al consumo.
Calviño ha explicado que el objetivo de la orden es evitar la posible existencia de deudas perpetuas en el crédito al consumo y deudas «desproporcionadas» que no pueden ser pagadas por los ciudadanos.
Para ello, se tomarán dos tipos de medidas, que pasan por favorecer el acceso a la información del cliente sobre los llamados ‘créditos revolving’, los créditos rotatorios que se van retroalimentando a lo largo del tiempo y, por otro, medidas para mejorar la forma y la responsabilidad de las entidades para evaluar la solvencia de sus clientes.
La vicepresidenta tercera ha destacado que se están adoptando un conjunto de medidas para incrementar la protección al consumidor, con la aprobación esta semana del real decreto que dota de mayor seguridad jurídica, control prudencial y flexibilidad a los establecimientos financieros de crédito, para facilitar que los operadores de este mercado puedan funcionar de forma eficiente, y a la vez favorecer la competencia y la aparición de operadores regulados.
Además, ha avanzado que se trabaja en un Libro Blanco para reflexionar sobre las distintas opciones de reforma de la gobernanza económica en España, así como en el refuerzo de la arquitectura financiera del Estado en torno al Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el objetivo de poder apalancar desde el sector público la inversión necesaria para abordar con éxito nuestros objetivos en materia de transición ecológica o transformación digital.
AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CLIENTE FINANCIERO
Asimismo, se ha referido a «dos importantes proyectos de ley» previstos para la legislatura, como el referido a la creación de un ‘sandbox’ financiero que espera enviar «en breve» a las Cortes y sobre el que ha explicado que se trata de un entorno controlado de pruebas que permita combinar la entrada de nuevas tecnologías digitales en el sector financiero con un marco regulatorio y de supervisión que garantice la protección del consumidor y la estabilidad financiera.
Por su parte, sobre la creación de una Autoridad de Protección del Cliente Financiero prevista ya en la pasada legislatura, ha indicado que, tras la puesta en marcha de la Autoridad Macroprudencial el año pasado, se está avanzando con el trabajo técnico para la preparación del anteproyecto de ley, que «todavía llevará un tiempo» antes de llegar al Parlamento.
TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVAS
La ministra de Asuntos Económicos ha destacado que se han transpuesto ya doce directivas europeas pendientes en 20 meses de Gobierno, y ha detallado la próxima semana tendrá lugar el debate de convalidación del real decreto de transposición de la directiva de distribución de seguros y fondos de pensiones.
También ha resaltado que se están sacando a consulta otras trasposiciones, como la quinta directiva de requisitos de capital (CRD V), la segunda directiva de reestructuración y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión (BRDDII), y se va a iniciar la transposición de la directiva relativa a la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión (ESI) y también la quinta directiva de lucha contra el blanqueo de capitales.
