La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, sostiene que las administraciones «podrían superar» los minutos de silencio que convocan en señal de repulsa cuando una mujer es asesinada por violencia de género, y deberían «pasar a los minutos de condena». «Quizá haya que superarlo porque hayamos tenido demasiados silencio», ha señalado. Así lo ha manifestado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, preguntada acerca de la posibilidad de que los minutos de silencio se realicen de manera automática, sin la necesidad de un consenso político previo, teniendo en cuenta que Vox lo rompe en aquellas instituciones en las que tiene presencia.
Al respecto, Rosell ha dicho que comprende que la presidenta del Senado, Pilar Llop, haya promovido que los plenos del Senado comiencen siempre con un minuto de silencio por las victimas de violencia de género. «Tenemos en las instituciones una ultraderecha que se niega a hablar de violencia de género y también de cambio climático porque contienen lo que ellos llaman ideología, cuando son cuestiones de Estado», ha aseverado.
«Hay que apelar al sentido de Estado de esos partidos que se autodenominan constitucionalistas y sin embargo no admiten la lucha contra la violencia machista como una política de Estado», ha subrayado.
En lo que va de año, son 10 las mujeres que han sido asesinadas a manos de sus pareja so exparejas y 1.043 desde 2003. «Las víctimas son muchas más, están vivas y tienen un problema para denunciar, para que las crean, y tienen en frente a una parte de la sociedad movida por una clase política irresponsable, por un sector de la ultraderecha que lanza mensajes en contra de las denuncias», ha remarcado.
Según ha recordado, citando un estudio del organismo, las víctimas tardan de media 8 años y 8 meses en denunciar, algo que vincula, entre otras cosas, a la dependencia emocional y económica. A su juicio, «hay que dar seguridad a estas mujeres» y la vía penal «no es la solución». «El derecho penal interviene después, tarde, para intentar castigar o juzgar el hecho, y en cierta medida proteger, pero nunca prevenir», sostiene.
Por ello, ha defendido la necesidad de facilitar que las víctimas puedan acudir a otras administraciones, aparte de la judicial, que reconozcan a la víctima como tal, y «ayuden y acompañen». Al respecto, ha apostillado que «la justicia hace su papel pero no puede hacer todo el papel» porque esta lacra es un problema «que no es jurídico sino social».
Según ha incidido Rosell, los maltratadores «no cambian». «Eso es una ilusión», ha manifestado, reivindicando recursos económicos y prestaciones para las víctimas cuyos ingresos no alcancen el 75% del salario mínimo profesional. También ha abogado por ofrecerles una «alternativa de vivienda».
