Diferentes ONG han afirmado que el Informe presentado este viernes por el Relator de la ONU, tras su visita de dos semanas en España, representa una realidad que no se ve, por lo que es necesario tomar medidas que atajen «por completo» la desigualdad y pobreza, que sufren, entre otros, un tercio de los menores que viven en España.
Estas palabras han sido refrendadas por la directora de políticas de infancia de Save the Children, Catalina Perazzo, que ha señalado que esta situación ya ha sido advertida en repetidas ocasiones por expertos pero «el fallo está en las políticas ineficientes que se han llevado a cabo».
Asimismo, Perazzo, en declaraciones a Europa Press, ha considerado necesario aprobar medidas que eviten la precariedad de las familias españoles y que frene la segregación escolar, así como, la mejora de la prestación por hijo a cargo, que ponía de manifiesto el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, ya que en la actualidad tiene una cuantía «insignificante» de menos de 30 euros al mes.
Al colectivo al que también espera la directora que se tenga en cuenta en las futuras políticas del actual Gobierno, son a los Menores Extranjeros no Acompañados (MENAS) porque «hay veces que se olvidan de ellos y se les excluye al cumplir los 18 años».
Del mismo modo se ha expresado el director de Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra, que ha afirmado que en España hay dos españas, al igual que ha asegurado el Relator de la ONU, Philip Alston. «Hay una España, que es la que sale en los medios, y hay otra que está invisibilizada y a la que no se aborda», ha puntualizado.
De hecho, Ibarra cree que, hasta ahora, las medidas que se han desarrollado para intentar poner fin a la pobreza y a la desigualdad han sido «parches» que han servido para cubrir pequeños huecos pero que en la realidad han revelado que «no se quiere resolver el problema».
En relación con el Gobierno de coalición, el director confía en el compromiso que tienen para solucionar este problema aunque advierte que llevan años escuchando «mejoras irrisorias». Por ello, Ibarra alerta que «se debe abordar la situación de una manera clara».
CÁRITAS TAMBIÉN APRUEBA AL RELATOR DE LA ONU
Cáritas ha indicado que ha tenido la oportunidad de ser anfitriona del Relator en Mérida-Badajoz, Sevilla y Huelva, para conocer de primera mano el trabajo que realizan los participantes de la organización y valora especialmente las referencias expresas que ha hecho de estas zonas.
En concreto, el Informe del Relator explica que en Badajoz con las personas que se reunió destacaron los beneficios de la vida rural, incluida la proximidad a la naturaleza pero también indicaron el aislamiento, exclusión y la pobreza.
Sobre su visita a los asentamiento de Huelva, Cáritas apunta que las entrevistas realizadas en un asentamiento de migrantes «rivalizan» con las peores que ha visto en cualquier parte del mundo.»Muchos han vivido allí durante años y pueden pagar el alquiler pero dijeron que nadie los aceptará como inquilinos. Las condiciones de Huelva son simplemente inhumanas», ha constatado Alston.
Igualmente, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), a través de su presidente Anxo Queiruga, ha publicado un vídeo en el que asegura que España vive en una sociedad donde faltan «políticas sólidas» que impulsen el desarrollo profesional en condiciones de igualdad, lo que coincide con la opinión de EAPN, que ha recalcado que «la pobreza es una decisión política».
«La accesibilidad es una herramienta fundamental para que las personas con discapacidad tengan autonomía, sobre todo, en los entornos rurales. La no accesibilidad limita el acceso a la educación, al colegio, a la universidad y al empleo. Por lo tanto, dificulta nuestro día a día y nos quita autonomía. Que las personas con discapacidad tengamos más gastos que ingresos, nos hace más vulnerables y la pobreza se cronifica», ha explicado Queiruga.
Por parte de EAPN, la organización ha lamentado que las rentas mínimas sean «buenas en principio pero malas en la práctica». En este sentido, las conclusiones del Relator coinciden con la de esta entidad que, a través de su proyecto EMIN, ha analizado el sistema de Rentas Mínimas de España.
«Esta valoración se origina en las enormes variaciones de cobertura entre los recursos de las comunidades autónomas, los exagerados requisitos para el acceso y el mantenimiento, las cuantías insuficientes, la no portabilidad entre territorios o la incompatibilidad con el empleo. Todo esto impide que el recurso sea realmente sostenible», denuncian desde EAPN.
