El Gobierno del PP, a través del Ministerio del Interior, gastó 500.000 euros de fondos reservados, dinero público, para proteger al propio PP del caso de su caja b. El departamento de Jorge Fernández Díaz, según desvela la SER, destinó esa cantidad entre 2013 y 2015 a la policía política, para espiar a Luis Bárcenas y destruir pruebas que comprometieran al partido en el marco de la Operación Kitchen.
La documentación secreta también corrobora que el número dos de Interior, el secretario de Estado de Seguridad imputado en la causa, Francisco Martínez, fue quien aprobó la disposición de los fondos para llevar a cabo la operación.
Los 500.000 euros fueron empleados, recoge el mencionado medio, para sobornar al exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, entre otras cosas. Asimismo, los investigadores sostienen que con ese dinero también se pagó al falso cura que secuestró a punta de pistola a la esposa y al hijo de Bárcenas, para conseguir pruebas de la caja b.
La ley 11/1995 que regula estos fondos reservados señala que deben estar dotados de un “especial sistema de justificación y control” y que solo pueden ser destinados a la “defensa y seguridad del Estado”.
