El Tribunal de Cuentas ve «carencia de información precisa» sobre el destino de fondos que recibe la Iglesia del IRPF

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El Tribunal de Cuentas ve «carencia de información precisa» sobre el destino de fondos que recibe la Iglesia del IRPF

"La Administración General del Estado carece de información precisa acerca del destino efectivo de los fondos estatales que se transfieren a la Iglesia a través de la asignación tributaria".

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El Tribunal de Cuentas ha concluido que la Administración General del Estado «carece de información precisa» sobre el destino de los fondos que recibe la Iglesia católica a través de su casilla en la Declaración de la Renta, por la que los ciudadanos pueden destinar el 0,7% del IRPF a la Iglesia. «La Administración General del Estado carece de información precisa acerca del destino efectivo de los fondos estatales que se transfieren a la Iglesia a través de la asignación tributaria», subraya el Tribunal de Cuentas en un proyecto de informe, al que ha tenido acceso Europa Press, y que está pendiente de aprobación por el Pleno.

En concreto, señala que al no contar con esta información precisa, «no puede distinguir entre los fondos que tienen como destino actividades no económicas de los que tienen como destino actividades económicas».

El Tribunal de Cuentas precisa que la Iglesia ha presentado «con regularidad» una memoria ante el Ministerio de Justicia desde el año 1980. No obstante, ha constatado que no existe «una normativa estatal que regule los plazos, la forma de presentación y el contenido que ha de tener» esta memoria.

«Como consecuencia de la ausencia de criterios acordados o establecidos en normativa estatal respecto al contenido de la memoria, la Iglesia la elabora con sus propios criterios, que se corresponden más con una memoria de actividades que con una memoria justificativa, que es lo previsto en el Acuerdo», añade.

Europa Laica considera que el informe del Tribunal de Cuentas «corrobora» las denuncias que ha venido haciendo la asociación por la «memoria nada justificativa» de la Iglesia y critica también «la desidia, cuando no connivencia, de la Administración y los Gobiernos de turno por la falta de control» de este dinero. Por ello, exige al Gobierno la «denuncia y derogación» de los Acuerdos de 1979 entre el Estado y la Santa Sede.

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