La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha subrayado este viernes que el Gobierno ha permitido tres nuevas delegaciones de la Generalitat en el extranjero porque incluyen las peticiones que hizo el Ministerio de Exteriores, pero no ha respondido a la pregunta de si tiene garantías de que esas oficinas no trabajarán contra los intereses de España. Se trata de las oficinas de la Generalitat en México, Argentina y Túnez, que el Gobierno recurrió el pasado septiembre y logró su paralización cautelar por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El Govern aprobó nuevos decretos para crearlas el pasado miércoles, esta vez con el visto bueno del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha explicado que, desde aquel recurso, «se han producido diferentes circunstancias» y «la más importante» es que el Gobierno catalán «retiró esas normas e incorporó los requerimientos que formuló el Gobierno de España».
Según ha dicho, atendiendo esas peticiones «quedan perfectamente delimitadas las competencias que establece la ley para estas delegaciones» que no son «en ningún caso sustitutivas o alternativas a las embajadas» de España.
Montero ha afirmado que las competencias de las delegaciones catalanas serán «fundamentalmente comerciales», aunque los decretos hablan de «representación». Las labores comerciales de la Generalitat las desarrolla la red de oficinas de ‘Acció’.
En cualquier caso, ha subrayado que el contencioso «se ha resuelto por la vía de que el propio Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha incorporado» las cuestiones que Exteriores consideró «imprescindibles» para que hubiera una «línea nítida» entre las delegaciones de cualquier comunidad autónoma y la representación de España en el exterior.
