PSE-EE y Elkarrekin Podemos han considerado que el nuevo Gobierno español liderado por Pedro Sánchez debe «abordar» la situación de los presos de ETA y dar «pasos en el sentido de que las cosas vayan por un cauce de normalidad».
En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, los parlamentarios vascos se han referido a las manifestaciones que, organizadas por la red ciudadana Sare, se desarrollarán este sábado en Bilbao y en la localidad francesa de Baiona para reclamar el fin de la dispersión de los presos de ETA.
En este sentido, el portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha expresado que las circunstancias han cambiado «para bien» en los últimos años y ha recordado que ya en 2011, con Patxi López de lehendakari, «se planteó en un pleno monográfico que una cosa es la legalidad penitenciaria y otra la política penitenciaria», de tal forma que «se habló de la posibilidad de acercar a los presos y tener en cuenta su situación médica».
En su opinión, hay que actuar con «respeto escrupuloso a la legalidad penitenciaria», pero también decir que «ésta permite modular las actuaciones de determinada forma».
«Estamos en un momento propicio en el que ETA ya no existe. Sin que se hable de desprecio o humillaciones a las víctimas se pueden empezar a dar pasos. Con un gobierno no ya en funciones sino consolidado hay que empezar a abordar con seriedad, rigor e inteligencia política esta situación para dar pasos en el sentido de que las cosas vayan por un cauce de normalidad», ha finalizado.
E-PODEMOS
Por su parte, el parlamentario de Elkarrekin Podemos Jon Hernández ha afirmado que tanto desde la coalición como desde Ezker Anitza-IU siempre se han «posicionado claramente» sobre esta cuestión y han defendido que la «política de dispersión» no tenía sentido.
A su entender, la situación ha cambiado con la desaparición de ETA pero «el posicionamiento» que mantienen sobre la cuestión es el mismo: «Pensamos que la política de alejamiento está fuera de lugar y los presos debieran cumplir condena cerca de sus hogares».
Asimismo, ha sostenido que la cuestión de los presos gravemente enfermos «también debe ser abordada» y ha mostrado su confianza en que ésta «sea una de las cuestiones que el nuevo Ejecutivo central tenga la valentía de tratar».
No obstante, ha reconocido que «sobre esta cuestión» el nuevo Gobierno «va a tener una presión enorme» y ha criticado el que se haya llegado a tildar de ser «amigos de ETA a quienes hemos defendido estas posiciones».
PNV
Por su parte, el presidente del GBB y portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha reconocido que «a título individual» puede que participen en la marcha dirigentes jeltzales, tal y como han hecho «en ediciones anteriores», aunque ha advertido de que ha habido ocasiones en que los miembros del PNV no eran «bienvenidos» en las marchas.
«El movimiento de los presos Sare en este momento no necesita la presencia del PNV en la calle porque saben exactamente qué es lo que sucede cada vez que vamos… si tú en una manifestación no eres bien recibido debes actuar como una organización madura», ha añadido.
Asimismo, ha resaltado que para el PNV son tres «los vectores que deben actuar» respecto a lo que debe ser la nueva política penitenciaria.
A su juicio, el Gobierno español tiene «la responsabilidad de actualizar la política penitenciaria haciendo que sea flexible y responda a un nuevo tiempo en el que ETA ya no existe», de tal forma que esa «clave de excepcionalidad debe desaparecer».
«El segundo vector clave es la participación de las instituciones y de la sociedad vasca mientras que el tercer pivote es el propio colectivo de presos o cada preso individualmente que, en orden a posibilitar su reinserción, debe dar pasos en esa dirección», ha añadido.
Desde EH Bildu, el parlamentario Iker Casanova ha defendido, por contra, que quien se tiene que «mover» es el Gobierno del Estado que es quien tiene la potestad, ya que el resto de actores «ya han cumplido».
«La sociedad y las instituciones vascas se han posicionado una y otra vez en contra de las dispersión, al igual que los presos que ya han hecho lo que tenían que hacer por lo que la pelota está en el tejado del Gobierno español», ha defendido.
Por otro lado, ha afirmado que la dispersión «no es una política de castigo a los presos ya que las cárceles por dentro son iguales», sino que es un castigo a sus familiares.
«Si siempre ha sido especialmente cruel, en el actual contexto es anacrónico e injusto. Es una vulneración de derechos y hay instrumentos jurídicos más que suficientes para, sin tocar una coma de la legalidad vigente, hacer las cosas de otra manera», ha finalizado.
PARTIDO POPULAR
Por último, el parlamentario del PP vasco Carmelo Barrio ha defendido que la actual política penitenciaria es «correcta y legal», de tal forma que «la dispersión es legal y está avalada por los tribunales de justicia».
En esta línea, ha advertido de que existe todavía en las prisiones un «frente en torno a ese colectivo y lo que no podría ser es agrupar a todos los reclusos en relación a una estrategia que sigue viva».
Asimismo, ha criticado que los presos de ETA no están dando «pasos hacia la reinserción» y ha recordado que hay más de 300 crímenes sin resolver en los que «los presos podrían colaborar con la justicia para esclarecerlos».
«Hay una estrategia de presión por parte de la izquierda abertzale y Sare no es un ejemplo de moderación sino de radicalidad», ha afirmado en referencia a la reciente conferencia en la UPV/EHU del expreso de ETA López de Abetxuko.
