La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) “celebra” las medidas educativas acordadas por PSOE y Unidas Podemos, y pide al nuevo Gobierno de coalición “una apuesta firme y real en defensa de la escuela pública”, así como que ponga “coto a los desmanes y abusos de los centros privados sostenidos con fondos públicos hasta su paulatina desaparición”.
En un comunicado, CEAPA sostiene que así se evitarán “los centros gueto” y se garantizará “la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, la cohesión social y la inclusión”, según recoge Europa Press.
La confederación, que agrupa a miles de asociaciones de padres y madres de toda España, anima a nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez a “adoptar medidas urgentes” encaminadas a “la desaparición definitiva de las reválidas, la eliminación de currículos imposibles de cumplir o la vuelta de los consejos escolares vinculantes”.
Además, apoya el propósito de derogar la vigente Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) aprobada por el Partido Popular en 2013, así como los planes contra el fracaso escolar y el abandono escolar prematuro, aunque considera insuficiente el objetivo de aumentar la inversión en educación hasta el 5% del Producto Interior Bruto en 2025, como han acordado PSOE y Unidas Podemos.
“La Confederación celebra que la formación del nuevo ejecutivo acabe con el estancamiento en materia educativa que sufre el país y permita solventar los problemas que arrastra la Escuela Pública a causa de las políticas de los últimos años que han primado principios económicos frente a los educativos”, expone CEAPA en el comunicado.
Para su presidenta, Leticia Cardenal, “la falta de democracia y participación de toda la comunidad educativa en igualdad de condiciones es otra tarea prioritaria aún por resolver”. Además, reclama la reversión de los recortes y un impulso a la escuela rural, “pilar fundamental para paliar el problema de la España vaciada”.
La confederación de familias de escolares señala también “la necesidad de modificar el Real Decreto de Becas”, y defiende “el derecho de la infancia a recibir una alimentación digna, saludable y sostenible en los comedores escolares, además de la importancia de contar con entornos y caminos seguros en los centros educativos”.
